La reciente publicación del Informe sobre Percepción de Seguridad y Victimización —desarrollado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y la cartera del Interior con datos correspondientes a 2025— ha puesto cifra oficial a una sospecha histórica. En la República Oriental del Uruguay, el 72,5% de los ilícitos padecidos por la ciudadanía jamás ingresa al circuito administrativo de las dependencias policiales. La irrupción de la inteligencia artificial en el sistema judicial como un mecanismo de redacción automatizada de escritos amenaza con romper este dique de contención burocrático, dejando al descubierto la incapacidad operativa de los organismos encargados de investigar.
Hasta la presentación de este documento, el debate político y académico sobre la criminalidad se estructuraba sobre la base exclusiva de los partes policiales y las formalizaciones tramitadas ante las sedes de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la medición sistemática de la victimización demostró que la administración pública solo procesa una fracción marginal de la delincuencia real. Este fenómeno resulta particularmente crítico en el terreno de las estafas virtuales y bancarias, donde se estiman 26.900 eventos mensuales, pero únicamente el 11,7% de los damnificados radica una denuncia formal.
En el caso de los robos y despojos patrimoniales —que promedian los 55.200 incidentes mensuales entre rapiñas y hurtos a personas u hogares—, el nivel de formalización apenas alcanza el 35,1%. Las autoridades han intentado encuadrar estos guarismos como un insumo diagnóstico para el diseño de políticas públicas. No obstante, la lectura técnica de los datos sugiere que la aparente gobernabilidad de los tribunales depende de forma directa de la renuncia masiva de las personas a ejercer sus derechos más elementales.
La utilización de herramientas informáticas avanzadas para la tramitación de reclamos ciudadanos amenaza con canalizar de forma masiva ese caudal de episodios hoy invisibilizados. Si los damnificados comienzan a emplear asistentes virtuales para confeccionar la documentación requerida sin costos de representación legal, la brecha entre la criminalidad sufrida y la investigada desaparecerá de forma intempestiva, arrastrando a las sedes penales a un escenario de saturación absoluta.
La desconfianza ciudadana y los desafíos para la inteligencia artificial en el sistema judicial
El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad ha identificado las causas primarias que inhiben la concurrencia de la población a las seccionales policiales. La falta de fe en la utilidad del trámite y la percepción fundada de que la gestión constituye una pérdida inútil de tiempo concentran la enorme mayoría de las justificaciones brindadas por los encuestados. Este comportamiento no responde a una pauta cultural de apatía, sino a la evaluación pragmática sobre el rendimiento del aparato estatal.
Bajo la vigencia del actual Código del Proceso Penal, los representantes del Ministerio Público ostentan la facultad discrecional de archivar las actuaciones sin disponer diligencias probatorias sustanciales, siempre que fundamenten sucintamente su decisión. En la práctica cotidiana, miles de ciudadanos son notificados del cierre prematuro de sus causas mediante un escueto mensaje de texto emitido por la Fiscalía General de la Nación.
Si bien la normativa procesal prevé el derecho del denunciante a solicitar el reexamen de la causa por parte de un fiscal superior, el ejercicio de esta garantía exige contar con patrocinio letrado dentro de un plazo perentorio de treinta días corridos. Esta exigencia económica y formal actúa como un segundo filtro disuasorio que termina por consolidar el archivo definitivo de las actuaciones en delitos de menor cuantía patrimonial.
De este modo, el sistema penal uruguayo opera bajo un equilibrio ficticio. Las estadísticas de persecución penal se mantienen en niveles manejables no por una capacidad de esclarecimiento óptima, sino porque la ciudadanía ha aprendido que el costo de denunciar supera con frecuencia el beneficio de obtener reparación. La remoción de estas barreras burocráticas mediante la asistencia tecnológica alteraría este balance, exponiendo las severas limitaciones presupuestales y humanas que aquejan a la estructura persecutoria del Estado.
La simulación de seguridad y las grietas del modelo institucional
La convivencia entre una elevada percepción de inseguridad y métricas de denuncias artificialmente reducidas genera un fenómeno distorsivo en la discusión sobre la seguridad pública. Según los módulos de seguimiento de la Encuesta Continua de Hogares, cerca de cuatro de cada diez habitantes declaran sentirse desprotegidos al desplazarse por sus barrios durante la noche. Este indicador permanece inalterado a pesar de las oscilaciones que exhiben los registros policiales.
La ubicación del país en los primeros lugares de los índices regionales de paz y seguridad internacional suele utilizarse como un argumento de satisfacción institucional. Sin embargo, dichos rankings comparativos no anulan la existencia de una cifra negra estructural que abarca a casi tres de cada cuatro ilícitos patrimoniales. El subregistro no implica ausencia de delito, sino una falla severa en la cobertura del sistema de justicia penal.
Frente a este escenario, la automatización en la generación de denuncias plantea un dilema ético e institucional para los operadores del derecho y las autoridades del Ministerio del Interior. El modelo actual se sostiene sobre la premisa implícita de que la demanda de justicia se autoregula por el agotamiento del usuario. Si las tecnologías de la información eliminan el esfuerzo logístico asociado al reporte, la administración pública se verá forzada a responder por la totalidad de la demanda represada.
El desafío de cara a las próximas mediciones semestrales del Instituto Nacional de Estadística no radicará únicamente en constatar la evolución de la victimización, sino en definir si el Estado reformará sus mecanismos de atención o si, por el contrario, profundizará los filtros administrativos para desestimar las causas que ingresen por vías digitales. La encrucijada expone la fragilidad de un diseño institucional que requiere del desánimo social para evitar su propio colapso operativo.
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