El nuevo impuesto a los vehículos eléctricos en Uruguay desató una ola de indignación y cuestionamientos cruzados que exponen el perfil puramente recaudatorio de la actual Rendición de Cuentas. La sorpresiva modificación del Impuesto Específico Interno (Imesi) para estos rodados estipula que el sector privado financiará de forma directa más de la mitad del incremento de gasto proyectado por el Poder Ejecutivo, dinamitando los incentivos que apuntaban a la descarbonización del transporte.
La medida diseñada por el Ministerio de Economía busca captar unos 16 millones y medio de dólares anuales provenientes de un sector en pleno desarrollo. Esta cifra resulta clave para el gobierno, ya que el aumento adicional del gasto público previsto para este ejercicio asciende a 31 millones de dólares, evidenciando que el ajuste fiscal recaerá sobre aquellos usuarios que apostaron por la movilidad sustentable.
El malestar político cobró fuerza tras las duras declaraciones del diputado del Partido Colorado y exsubsecretario de Industria, Walter Verri. El legislador no ocultó su frustración con el rumbo fijado por las autoridades financieras y fue tajante al evaluar la gestión de la cartera: «Economía ya no sorprende más, defraudó», sentenció, marcando una profunda fractura en los criterios de desarrollo del país.
Un esquema impositivo que castiga el recambio tecnológico
El nuevo esquema tributario divide a los automóviles impulsados por energías limpias en tres franjas comerciales bien delimitadas que alteran los costos de importación de forma inmediata. Las unidades con un valor de hasta 19.000 dólares se mantendrán exentas de este tributo; sin embargo, aquellos vehículos cuyos precios se ubiquen entre los 19.000 y los 27.000 dólares comenzarán a pagar una tasa del 5%, mientras que los modelos que superen los 27.000 dólares quedarán gravados con una alícuota del 9%.
Desde la perspectiva del sector privado, esta modificación técnica destruye la competitividad que el propio Estado uruguayo intentó fomentar durante años mediante exoneraciones fiscales específicas. Los analistas del mercado coinciden en que las dos franjas superiores abarcan a la gran mayoría de los vehículos familiares eficientes que se comercializan hoy en el mercado local, encareciendo el acceso a tecnologías limpias.
Para Verri, aplicar el impuesto a los vehículos eléctricos en este momento de la economía nacional representa un «profundo error» estratégico que atenta contra los compromisos ambientales de Uruguay. El exsubsecretario argumentó que el mercado local para estos rodados todavía «not está maduro» como para soportar una carga fiscal de esta magnitud sin que se desplome el volumen de ventas registrado en los últimos meses.
Advertencias gremiales ante el impacto en el parque automotor
La reacción institucional del ámbito empresarial no tardó en manifestarse con igual nivel de dureza hacia el equipo del Ministerio de Economía. La Asociación del Comercio Automotor (Acau) emitió un duro pronunciamiento cuestionando la idoneidad de la reforma impositiva y denunciando las intenciones netamente fiscales de la Rendición de Cuentas, la cual desatiende las políticas de mediano y largo plazo.
De acuerdo con los técnicos de la gremial automotriz, la introducción de tasas impositivas directas afectará severamente la velocidad de renovación del parque automotor uruguayo, desincentivando el abandono de los combustibles fósiles. Las empresas del sector advierten que la quita de los beneficios impositivos se traducirá de manera directa en un encarecimiento del precio de venta al público, alejando a los compradores de las opciones sustentables.
La controversia escaló a la interna de la coalición y promete transformarse en uno de los ejes de discusión parlamentaria más complejos durante el tratamiento de la norma presupuestal. Mientras Economía defiende la necesidad de asegurar ingresos genuinos para cumplir con los compromisos de gasto adicionales, sus detractores aseguran que el costo social y ambiental de frenar la transformación de la matriz energética será infinitamente superior al dinero recaudado de forma inmediata en las aduanas.
¿Por qué se aplica un nuevo impuesto a los vehículos eléctricos?
El gravamen se implementa a través de modificaciones en el Imesi con un fin netamente recaudatorio, buscando cubrir más de la mitad del aumento de gasto proyectado en la Rendición de Cuentas.
¿Cuánto dinero pretende recaudar el gobierno con esta medida fiscal?
El Ministerio de Economía estima captar unos 16 millones y medio de dólares al año a través del cobro de este impuesto a las unidades importadas.
¿Cuáles son las franjas impositivas del Imesi para estos autos?
Se establecen tres niveles: los vehículos de hasta US$ 19.000 quedan exentos; de US$ 19.000 a US$ 27.000 pagan una tasa del 5%; y los que superen los US$ 27.000 tributarán un 9%.
¿Qué críticas realizó Walter Verri respecto a esta reforma impositiva?
El diputado colorado calificó la medida como un «profundo error» y afirmó que el Ministerio de Economía «defraudó» al quitar los incentivos a un mercado que todavía no se encuentra maduro.
¿De qué manera afectará este tributo al mercado automotor local?
La Asociación del Comercio Automotor (Acau) advirtió que la quita de beneficios impositivos encarecerá los precios y afectará la renovación del parque automotor hacia tecnologías limpias.
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