La fiscal de Corte se refirió sin filtros a los documentos de la DEA que revelan los planes del narcotraficante en su contra y aseguró que su firmeza es «un orgullo para el país».
El terremoto judicial y político desatado por las revelaciones de la justicia estadounidense sumó este miércoles una voz de alto voltaje institucional. Tras trascender los escritos presentados por la fiscalía de los Estados Unidos —donde se confirma que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset admitió haber ordenado amenazas y atentados al considerarla «incorruptible»—, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, rompió el silencio con una declaración tan tajante como estremecedora.
Consultada sobre los documentos ventilados en el Tribunal de Virginia, la magistrada no esquivó el bulto y dimensionó la gravedad de haber estado en la mira criminal del capo narco: «Me mandó a matar por incorruptible», sentenció con absoluta firmeza, reivindicando al mismo tiempo su extensa trayectoria en la órbita penal: «Tengo una trayectoria impresionante en drogas» desde el año 2004 hasta la actualidad. Lejos de mostrar temor ante la revelación de los chats encriptados y los planes de atentado que la organización del Primer Cártel Uruguayo (PCU) tejió en su contra, Ferrero remarcó que semejante reconocimiento por parte del hampa constituye «un gran orgullo para mi país, más allá de lo personal».
Del expediente secreto a la confirmación de la DEA
Las palabras de la jerarca llegan para ponerle rostro y pulso humano a los escalofriantes detalles que sacudieron la opinión pública en las últimas horas. De acuerdo a la documentación judicial incorporada al proceso que se ventilará en enero en EE.UU., Marset confesó ante agentes de la DEA que tras chocar contra la negativa de la entonces fiscal de Estupefacientes a ceder ante sus presiones, ordenó el envío de mensajes intimidatorios y un ataque con granada contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en mayo de 2020.
La exposición pública de Ferrero ratifica el costo personal y el nivel de exposición al que se enfrentan los magistrados que combaten el crimen organizado transnacional en el Cono Sur, dejando en evidencia que la línea entre la legalidad y la penetración narco se sostiene gracias al blindaje de figuras clave que operan bajo constante amenaza de muerte.
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