El fin del contrato de administración fiduciaria del Fomag y la transición en marcha
El contrato que durante 36 años ha regulado la administración fiduciaria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) llegará a su fin este sábado 31 de octubre de 2026. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha decidido no prorrogar el acuerdo con Fiduprevisora S. A., y ha anunciado que a partir del 1 de noviembre de 2026 comenzará un proceso de transición que inicialmente tendrá una duración de un año, con la posibilidad de extenderse por otro período similar.
Contexto y motivos de la transición
La decisión fue comunicada el viernes 30 de octubre por el Ministerio de Educación Nacional en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag. Este cambio responde al vencimiento del Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., cuyo plazo finaliza a finales de este mes. La medida se adopta en medio de cuestionamientos y fallas detectadas en el funcionamiento del sistema de salud del sector docente, los cuales han generado preocupación acerca de la atención y la protección de los derechos de los maestros y sus beneficiarios.
Compromisos del gobierno durante la transición
Las autoridades nacionales aseguraron que la transición tendrá como prioridad evitar que los docentes y sus beneficiarios sufran perjuicios, especialmente en aspectos relacionados con la atención médica y el reconocimiento de sus derechos económicos. La estrategia fue diseñada considerando las recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, así como las opiniones de representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), revisiones jurídicas y financieras, informes de supervisión y hallazgos de entidades de control.
Disposiciones para garantizar derechos y servicios
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que esta decisión responde a la necesidad de no seguir manteniendo las condiciones que, según los análisis realizados, han contribuido a la crisis del fondo. “No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta situación ni normalizar sus efectos. El Fomag no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan en Colombia. El Gobierno asume la responsabilidad de liderar esta transición, corregir las deficiencias documentadas y rendir cuentas sobre los avances y temas pendientes”, afirmó.
Protección de derechos y continuidad de servicios
La ministra aclaró que la finalización del contrato no significará la pérdida de derechos adquiridos por los docentes ni la interrupción de los servicios actuales. Uno de los aspectos clave durante el proceso será garantizar que la operación del sistema continúe normalmente, permitiendo la revisión de sus condiciones administrativas y financieras para identificar y corregir posibles fallas. Esto incluye mantener los procedimientos y servicios bajo las condiciones existentes, sin afectar el acceso a atención médica ni las prestaciones económicas de los afiliados.
Compromisos en materia de salud y prestaciones sociales
Uno de los aspectos prioritarios de la transición será asegurar la continuidad en la atención médica para los afiliados al Fomag y sus familias. Durante el proceso, deberán mantenerse los tratamientos en curso, el suministro de medicamentos y la prestación de los servicios por parte de las instituciones prestadoras de salud (IPS). Las medidas implementadas deberán contemplar a quienes actualmente reciben atención, así como a quienes necesitan continuar con procedimientos médicos, controles o tratamientos programados.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, enfatizó que las dificultades administrativas no deben afectar los derechos de los docentes. “Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas en la gestión; la salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger. Esta transición debe centrarse en los afiliados y garantizar que sus derechos no se vean afectados”, afirmó.
Mejoras en el manejo de recursos y seguimiento
En materia económica, el gobierno aseguró que se garantizará la gestión de las prestaciones sociales y la tramitación de solicitudes en curso durante la transición, siguiendo los procedimientos establecidos. Además, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, destacó la importancia de administrar los recursos destinados a la salud del magisterio con transparencia, trazabilidad y control, asegurando que estos recursos se traduzcan en atención efectiva para los maestros y sus familias.
En línea con ello, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora S. A. la elaboración de un plan detallado para garantizar la operación eficiente del fondo durante el periodo de transición. Este plan deberá incluir acciones específicas para mantener la continuidad de los servicios y evitar que el vencimiento del contrato genere dificultades en la atención a los docentes y sus beneficiarios. Además, se pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que realice un seguimiento especial y ejerza vigilancia sobre las instituciones prestadoras de salud, asegurando que los afiliados puedan seguir accediendo a los servicios médicos sin que las modificaciones administrativas afecten la calidad y continuidad de la atención.
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