Condenaron en Costa Rica a un empresario que invocaba la religión para estafar

Un tribunal de Costa Rica dictó una condena de seis años y seis meses de prisión contra el empresario Juan Carlos Martín Solís, tras hallarlo culpable del delito de estafa contra cinco inversionistas. El imputado utilizaba un falso esquema de negocios vinculados a la tecnología satelital y apelaba a discursos religiosos para ganarse la confianza de sus víctimas.

Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial fijó un resarcimiento civil de 45,9 millones de colones (equivalentes a unos 100.918 dólares) por los daños patrimoniales provocados a los afectados.

Falsas concesiones y un discurso manipulación fe

A través de una firma comercial denominada Intersat, Martín Solís ofrecía participar en supuestas concesiones para la desinstalación e inspección de dispositivos de rastreo GPS en contenedores de transporte de carga. Para concretar el engaño, aseguraba falsamente haber obtenido contratos exclusivos con la Dirección General de Aduanas de Costa Rica y exhibía cotizaciones sin validez legal junto a equipos de demostración.

Uno de los aspectos centrales de la maniobra era su estrategia de captación: el empresario se presentaba como un ferviente creyente y afirmaba que seleccionaba a sus socios mediante revelaciones divinas, condicionando las alianzas a personas de fe. A cambio de desembolsos iniciales que oscilaban entre los 15.000 y 60.000 dólares, prometía rendimientos mensuales que superaban los 146.000 dólares por cada concesión.

Dilaciones y medidas cautelares

Cuando los plazos vencían y las operaciones no comenzaban, el condenado justificaba los retrasos atribuyéndolos a los efectos de la pandemia de COVID-19, complicaciones en el tráfico marítimo internacional o presuntos costos adicionales de licencias operativas, logrando así prolongar el engaño en el tiempo.

Tras el juicio oral desarrollado entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, las pruebas aportadas por la Fiscalía Adjunta de Fraudes permitieron comprobar la inexistencia de las concesiones y la falsedad del modelo de negocio. Mientras la condena no quede firme, la Justicia le impuso a Martín Solís la obligación de firmar mensualmente ante el tribunal y la prohibición de salir del país.