Críticas y preocupaciones sobre las medidas económicas en Cuba
La aprobación en junio de 2026 de un paquete de 176 medidas económicas y sociales por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular ha sido presentada por el gobierno cubano como la transformación más ambiciosa desde el período especial de los años 90. Este plan contempla ampliar el espacio al sector privado, establecer una banca privada bajo supervisión del Banco Central, abrir a la inversión extranjera —incluyendo a cubanos residentes en el exterior—, introducir cambios en la gestión de empresas estatales y promover cierta liberalización en precios y comercio.
Cuestionamientos desde la academia y la diáspora
No obstante, economistas y analistas independientes, tanto desde Cuba como desde la diáspora, continúan expresando dudas respecto a la credibilidad, sostenibilidad y beneficios reales de estas medidas para la población. Sostienen que sin un Estado de derecho efectivo, garantías jurídicas sólidas, independencia judicial y un marco institucional limitador del poder discrecional del Estado, dichas reformas podrían resultar insuficientes o riesgosas.
Opiniones de expertos y analistas críticos
Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río, calificó las medidas como «incompletas, insuficientes e inseguras», debido a la ausencia de garantías jurídicas apropiadas. En entrevista con El Líbero, alertó que en Cuba, donde no existen libertades ni derechos humanos plenamente respetados, resulta casi imposible asegurar propiedad privada segura o atraer inversión extranjera bajo un marco legal débil. Valdés describió la actual situación económica como un capitalismo primitivo y desigual, fundado en monopolios estatales o de privados leales al régimen, con una prohibición de acumular propiedades y con prioridades en turismo que solo aprovecharon una pequeña fracción de las habitaciones en 2022.
Por su parte, Pedro Monreal González, economista en España, advirtió que el uso frecuente del verbo «permitir» en el documento refleja una postura permisiva del Estado, en contraposición a un reconocimiento jurídico de derechos inalienables. Señaló que ninguna de las medidas presenta un reconocimiento sustantivo del derecho a la propiedad privada y que la tendencia histórica en Cuba suele conducir a planes que, en vez de reformar el sistema, perpetúan el control y la pobreza sin enfrentar las fallas estructurales.
Perspectivas sobre la institucionalidad y el marco legal
Expertos como Elías Amor Bravo, profesor de la Universidad de Valencia, resaltaron que para que Cuba pudiera transitar hacia una economía de mercado, sería fundamental que su Constitución, actualmente marxista-leninista, permitiera garantías jurídicas sólidas y protección efectiva de la propiedad privada. Advirtió que el potencial de expropiaciones y confiscaciones en la ley actual representa un riesgo para inversionistas extranjeros.
Vidal Alejandro, exfuncionario del Banco Central y profesor en Colombia, indicó que si bien algunas medidas como la liberalización agrícola y la apertura al sector privado son pasos positivos, existe el peligro de que se utilicen solo como estrategias de adorno para ganar tiempo, sin un compromiso político y estructural con reformas profundas. La falta de reformas institucionales y la ausencia de un sistema judicial independiente, garantizando la protección de derechos, limita claramente la efectividad de dichas medidas.
Propuestas alternativas y el camino hacia un cambio estructural
El grupo Cuba Transformación, integrado por varios economistas cubanos, propone un cambio radical en el modelo económico actual, abogando por una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho. Ellos señalan que la crisis cubana no solo es económica, sino también política, resultado del agotamiento de un esquema que concentra el poder y carece de un sistema institucional democrático.
Coinciden en que, aunque las medidas incrementan formalmente la presencia del mercado y del sector privado, sin cambios políticos y institucionales profundos —como elecciones pluripartidistas, independencia de poderes, garantías para la sociedad civil y medios de comunicación libres— será difícil lograr una transformación efectiva y duradera. La mayoría de los analistas advierten que, sin un marco jurídico firme y protección efectiva de los derechos económicos, las medidas podrían seguir siendo solo un experimento temporal que perpetúe el statu quo en lugar de una verdadera transformación del sistema económico y político del país.
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