Empresas que pagarían más impuestos y otras reducirían renta del 35% a 31%

Reducción de la tarifa de renta empresarial y nuevos impuestos

La propuesta de reforma tributaria presentada en Colombia contempla una disminución gradual de la tarifa general de renta para las empresas, que pasaría del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028. Según los detalles revelados, estas modificaciones se implementarían en un escenario donde varias compañías experimentarían aumentos en sus pagos de aportes patronales, sobretasas o tributos específicos aplicables a sus productos. El alcance final de estas medidas dependerá de la discusión y aprobación en el Congreso de la República.

El proyecto combina medidas destinadas a incrementar la recaudación con incentivos para inversiones de gran escala, además de introducir cambios en el impuesto al valor agregado (IVA), reformas patrimoniales y facilidades para contribuyentes con obligaciones pendientes. Las proyecciones oficiales indican que la implementación de estas acciones podría aumentar los ingresos tributarios derivados de la venta de licores en 2,08 billones de pesos, la de cerveza en 7,1 billones y los impuestos a bebidas endulzadas en 1,8 billones, todos a partir de 2028. Sin embargo, la reducción en la tarifa de renta corporativa se traduciría en una disminución en los ingresos fiscales de 4,1 billones de pesos en 2027 y de 12 billones en 2028. Es importante señalar que estas cifras corresponden a diversas medidas y no representan una contribución homogénea por parte de las empresas, ya que parte de los impuestos al consumo puede trasladarse al precio final de los productos y el aumento en aportes laborales se destinaría a financiar la seguridad social.

Configuración y alcance de la tarifa de renta y aportes patronales

El artículo 57 del proyecto establece que la tarifa general de renta para sociedades y empresas bajaría al 33% en 2027, y al 31% a partir de 2028, aplicándose sobre la renta líquida gravable, y no sobre las ventas. Por ejemplo, una compañía con una base gravable de 1.000 millones de pesos pagaría aproximadamente 350 millones bajo la tarifa vigente, 330 millones en 2027 y 310 millones desde 2028, antes de aplicar deducciones o otros tratamientos tributarios.

Adicionalmente, la tasa mínima de tributación, que sería del 15%, estaría dirigida a aquellas entidades del ámbito multinacional con ingresos consolidados que superen los 750 millones de euros en el año anterior. Las compañías que no alcancen ese umbral seguirían sometidas al régimen tributario ordinario.

En el caso de las instituciones financieras, incluyendo bancos, aseguradoras y otras entidades del mercado de valores, el impuesto total se fijaría en 38% en 2027 y en 36% desde 2028 hasta 2030, siempre que su renta gravable supere las 120.000 UVT. Estas entidades también deberán anticipar el 100% de la sobretasa en dos cuotas durante ese período, lo que mantendría una carga tributaria superior a la de otras empresas, en línea con la política de mantener un mayor ingreso del sector financiero.

Modificaciones en aportes a salud y otras contribuciones sociales

El proyecto también propone limitar la exoneración en los aportes patronales para salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La exoneración vigente sería indicativa solo para empleados que devengan hasta dos salarios mínimos. Para ingresos superiores, entre dos y tres salarios mínimos, el empleador pagaría un 4% para salud, un 1% para el Sena y otro 1% para el Icbf. En los casos en que los salarios superen los tres salarios mínimos, los aportes completos volverían a aplicarse, es decir, 8,5% para salud, 2% para el Sena y 3% para el Icbf.

El Ministerio de Hacienda estima que esta medida permitiría recuperar recursos para la seguridad social equivalentes al 0,38% del producto interno bruto en 2027. El presidente de Lumen, Luis Fernando Mejía, ha señalado que la finalidad de esta reforma es generar una fuente de financiación para el sector salud, modificando el umbral a tres salarios mínimos y permitiendo que los mayores aportes sean deducibles de la renta empresarial, dependiendo además de la reducción en la tarifa general.

Por otra parte, quienes expidan facturas sin cumplir los requerimientos establecidos enfrentará una sanción del 5% del valor de las operaciones afectadas, con un tope de 3.500 UVT. La no emisión de facturas sería sancionada con multas calculadas sobre los ingresos o actividades económicas.

Incentivos para grandes inversiones y cambios en el IVA

El proyecto busca promover proyectos de inversión de gran escala mediante la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), un esquema que ofrecería tarifas preferenciales y estabilidad jurídica a proyectos en áreas como infraestructura, energía, recursos naturales, industria, digital, agroindustria, turismo y servicios. Las empresas que inicien sus operaciones en 2027 o 2028 podrían acceder a una tarifa de renta del 20% y mantener estabilidad en ciertos aspectos durante 16 años. Para inversiones que comiencen desde 2029 en adelante, la tarifa sería del 26%.

Este régimen excluye sectores como comercio, finanzas, seguros e inmobiliario, además de requerir inversiones mínimas que varían entre 2,58 y 8,14 millones de UVT según la actividad. La propuesta también permite depreciar hasta el 50% anual de maquinaria y equipos, y hasta el 10% en construcciones, sin superar el costo fiscal. Además, las empresas deberán realizar al menos el 40% de la inversión en los primeros dos años y destinar un porcentaje de sus compras a proveedores nacionales y mipymes.

César Pabón, de Corficolombiana, destacó la importancia de contar con reglas estables para atraer inversión, mientras que Mejía advirtió que el esquema requiere una revisión para reducir las exenciones y estímulos sectoriales en el Estatuto Tributario.

Aumentos en el IVA y modificación en bienes y servicios exentos

Dentro de las modificaciones en el impuesto al valor agregado, la propuesta contempla un aumento del IVA en los licores, que pasaría del 5% al 19%. Asimismo, bebidas alcohólicas con menor contenido de azúcar y bebidas endulzadas tendrían nuevos componentes tributarios. Para los cigarrillos y productos derivados del tabaco calentado, se aplicaría un impuesto específico de $7.823 por cajetilla de 20 unidades en 2027 y de $11.200 desde 2028, además de un porcentaje del 10% sobre el precio final.

Los vapeadores y sucedáneos verían incrementadas sus tarifas a $1.000 por mililitro en 2027 y a $2.000 desde 2028, con un componente adicional del 30%. Desde 2028, las bebidas con menos de nueve gramos de azúcar por cada 100 mililitros pagarían una tarifa de $45 por el volumen, mientras que las que tengan nueve gramos o más pagarían $76. Además, bebidas sin azúcar añadido, pero con edulcorantes, quedarían incluidas en el primer tramo.

Eliminando su tarifa en 2028, el proyecto también reduciría el listado de bienes y productos excluidos del impuesto, eliminando beneficios para licencias de software para contenidos digitales, servicios de alojamiento web y servicios en la nube, entre otros.

Por otra parte, se propondría elevar el umbral para el impuesto al patrimonio a 95.500 UVT, cerca de 5.002 millones de pesos en valores de 2026, y mantener una tarifa marginal máxima del 1% hasta 2030. También se habilitaría un mecanismo en 2027 para la regularización de activos omitidos con una tarifa del 15%, y para criptoactivos omitidos, un 5% sobre su valor de mercado a 1 de enero.

En materia de control, la sanción por expedir facturas sin requisitos sería del 5% de las operaciones afectadas, hasta 3.500 UVT. La multa por no facturar podría equivaler al 5% del ingreso neto del mes anterior o a la mediana mensual de la actividad económica. La propuesta mantiene vigente el régimen simple, las zonas francas, las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y las Zonas Económicas y Sociales Especiales (Zese), aunque las modificaciones pendientes aún podrían determinar cambios durante el trámite en el Congreso.