Las zonas francas en Uruguay operan bajo un marco de exención tributaria que las aisla de la presión fiscal que enfrenta el sector productivo tradicional. Mientras el comercio local lidia con elevados costos operativos, el régimen aportó el 6,68% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y empleó a casi 18.500 personas, según el censo de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión que lidera Isabella Antonaccio.
Los datos, remitidos al Parlamento junto a la Rendición de Cuentas, muestran un crecimiento sostenido frente a mediciones previas. En 2020, el sector empleaba a 16.578 personas y aportaba el 5,24% del PIB. Para 2025, un total de 1.147 desarrolladores y empresas usuarias impulsaron la actividad en áreas como servicios globales, logística, molienda de celulosa y desarrollos farmacéuticos.
El avance del gigante tecnológico en el Parque de las Ciencias
Dentro de la lista de ampliaciones territoriales y operativas autorizadas durante el último año destaca de manera especial la obra de gran porte encarada en el Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones. En ese recinto, la firma Eleanor Applications S.R.L., que funciona como el vehículo corporativo del grupo tecnológico internacional Google, avanzó a ritmo firme en los trabajos de edificación del servidor de datos que la compañía proyectó para procesar información a escala regional. La magnitud del emprendimiento exigió adaptaciones regulatorias y burocráticas por parte de los organismos de control estatal.
En julio de 2025, el Poder Ejecutivo se vio obligado a modificar la resolución que había otorgado la autorización inicial de obras al usuario directo. La modificación respondió a la necesidad de coordinar la infraestructura perimetral del enclave franco con la instalación de una subestación eléctrica de alta tensión por parte de la empresa pública UTE. Dicha planta resulta indispensable para abastecer el enorme consumo energético que demanda el centro de cómputos, debiendo al mismo tiempo garantizar el aislamiento aduanero estricto y los controles de seguridad que exige la legislación vigente para preservar las franquicias fiscales del predio.
En paralelo, el sector privado impulsó con fuerza el crecimiento edilicio en otros puntos estratégicos de la capital uruguaya y del principal balneario del país. La firma Aguada Park avanzó en la construcción de una nueva torre de oficinas orientada a captar empresas de servicios corporativos de exportación. Por su parte, el complejo WTC Punta del Este Free Zone obtuvo la habilitación oficial con carácter parcial y provisorio el 30 de diciembre de 2025, a la espera de la inspección final que le permita inaugurar sus operaciones completas como polo de negocios internacionales en el departamento de Maldonado.
El mito del impuesto mínimo global y la respuesta de las multinacionales
La entrada en vigor a partir de 2025 del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, una tasa del 15% sobre las ganancias de las multinacionales acordada en el ámbito de la OCDE e incorporada a la legislación nacional, había encendido alarmas en filas políticas sobre un hipotético éxodo masivo de capitales hacia otras jurisdicciones offshore. Las respuestas oficiales aportadas por la ex Dirección Nacional de Zonas Francas ante un pedido de informes presentado por el diputado Gustavo Salle sirvieron para desarmar el discurso del pánico empresarial.
La unidad ejecutora del Ministerio de Economía respondió por escrito que absolutamente ninguna de las rescisiones de contrato o caducidades tramitadas por empresas usuarias durante el periodo analizado utilizó la aplicación de este tributo internacional como argumento para rescindir su vinculación con el país. La previsibilidad jurídica uruguaya, sumada a la infraestructura existente y a la disponibilidad de personal técnico calificado, pesó bastante más en el balance financiero de las grandes corporaciones que el cobro del piso impositivo obligatorio dictado a escala global.
El proceso de modernización institucional de la repartición ministerial constituyó otro de los pilares del último ejercicio. La antigua Dirección Nacional de Zonas Francas se transformó formalmente en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. Este cambio de denominación incluyó el desarrollo de herramientas digitales y tableros de control en tiempo real para auditar el cumplimiento estricto de las metas fijadas a los desarrolladores privados, buscando transparentar la gestión y evitar cualquier tipo de desviación en el uso de los cuantiosos beneficios otorgados.
Los planes para Salto y Rivera en el mapa de las zonas francas en Uruguay
La influencia geográfica de las zonas francas en Uruguay busca expandirse decididamente hacia la zona norte del territorio nacional, una región históricamente golpeada por el desempleo, la falta de oportunidades industriales y la brecha de precios con las fronteras vecinas. Durante el año 2025, la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión analizó exhaustivamente dos solicitudes formalmente presentadas para instalar nuevos enclaves que aspiran a transformar la matriz económica del interior.
En el departamento de Salto, un grupo de inversores privados presentó la documentación técnica para erigir una zona franca especializada en el sector del entretenimiento y los servicios recreativos, con el objetivo de atraer divisas mediante la captación de turismo internacional y la organización de espectáculos a gran escala. Por otro lado, en el departamento de Rivera, la iniciativa apunta a la consolidación de un parque industrial y logístico sobre la frontera seca con Brasil, diseñado para aprovechar la conectividad vial y las ventajas de la exención impositiva en el almacenamiento, la transformación y el transporte de mercaderías destinadas al mercado regional del Mercosur.
A estas dos propuestas proyectadas para el norte del país se suma el avance de la Zona Franca del Plata, una iniciativa que recibió la aprobación ejecutiva a finales de 2024 y que durante todo el año 2025 mantuvo sus trabajos de construcción en marcha, tras subsanar observaciones técnicas de menor entidad formuladas por la Dirección Nacional de Aduanas.
Administración estatal y desafíos pendientes en la infraestructura pública
El único enclave administrado de manera directa por el Estado uruguayo dentro del sistema de las zonas francas en Uruguay es la Zona Franca de Nueva Palmira, un punto estratégico crucial para la salida de la producción agrícola e industrial a través de la hidrovía. De cara al ejercicio 2026, las autoridades del Ministerio de Economía fijaron como prioridad la modernización integral de los procesos operativos y de la infraestructura de este puerto público, donde planean aplicar encuestas directas a los usuarios para corregir demoras, reparar muelles y optimizar las maniobras de carga.
El desafío de fondo para la repartición que conduce Isabella Antonaccio consiste en consolidar la nueva estructura organizativa de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. Dicho proceso se encuentra pendiente de la aprobación del decreto reglamentario correspondiente que formalice la reubicación del personal y el traslado físico de varias oficinas hacia la sede central del Ministerio de Economía.
El crecimiento ininterrumpido del régimen exento continúa alimentando un intenso debate político e ideológico entre quienes consideran las franquicias fiscales como la única herramienta idónea para atraer inversión extranjera directa y aquellos analistas que señalan la inequidad de un sistema que concede beneficios extraordinarios a grandes corporaciones mientras los contribuyentes locales cargan con el financiamiento del presupuesto público.
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