Economista cubano advierte sobre riesgos de corrupción en la cesión de activos estatales
El economista cubano Pedro Monreal alertó acerca de los peligros de corrupción y la posible creación de un nuevo poder debido a la reciente transferencia de activos estatales de CIMEX en Cuba. Monreal recomendó implementar varias medidas para evitar que el poder económico se concentre en dirigentes, militares, funcionarios, comerciantes relacionados con la cúpula gobernante y testaferros del régimen que gobierna la isla desde 1959.
Implicaciones de la cesión de activos y riesgos de un capitalismo de compinches
En un artículo publicado el miércoles en Horizonte Cubano y en el marco del Proyecto de Creación de Capacidades en Cuba en la facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Monreal explica que la decisión de la corporación CIMEX, perteneciente al conglomerado militar GAESA, de transferir activos empresariales públicos a actores privados puede derivar en un «capitalismo de compinches» o en un capitalismo de Estado, en el que ciertos núcleos de poder político y militar mantengan el control estratégico, externalicen la gestión y capturen rentas a través de redes selectas de actores privados.
El economista señala que hasta la fecha, CIMEX utiliza principalmente dos vías para ceder control operativo sin transferir la propiedad: el arrendamiento de locales y contratos de producción cooperada con activos estatales, que aún permanecen bajo control de CIMEX y GAESA.
Debilidades normativas y la necesidad de mayor transparencia
Monreal considera que la Ley 120/2026, que autoriza la venta y otras formas de disposición de activos estatales, presenta «debilidades normativas» que incrementan los riesgos asociados a la opacidad, la discrecionalidad, el favoritismo y la falta de controles efectivos. Entre estas debilidades, destaca que los plazos de convocatoria, de solo siete días hábiles, restringen la competencia y benefician a quienes disponen de mayor información o contactos privilegiados; además, las convocatorias omiten detalles clave, como el precio mínimo de arriendo, la duración máxima del contrato, la moneda de pago, el estado técnico del local y las responsabilidades de reparación e inversión.
También alerta sobre la falta de mecanismos claros para el control y supervisión en los procesos de otorgamiento, que son decididos por directivos o comisiones vinculadas a CIMEX, lo que podría favorecer el favoritismo y la corrupción, al no existir incompatibilidades que impidan a funcionarios, sus familiares o sociedades controladas beneficiarse de estos procesos.
Recomendaciones para evitar el resurgimiento de la corrupción
Monreal recomienda restringir el acceso a estas alternativas de negocio únicamente a quienes estén en ejercicio del cargo o hayan sido funcionarios en los diez años posteriores a su cese. Esta restricción incluye a miembros del Comité Central del Partido Comunista, sus comités provinciales y municipales, militantes responsables de actividades económicas, integrantes del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, ministros, viceministros, jefes de organismos, gobernantes provinciales y municipales, diputados de la Asamblea Nacional y delegados de asambleas provinciales y municipales.
Asimismo, propone excluir de la competencia a la Contraloría General de la República, sus contralores provinciales y municipales, la Fiscalía Nacional, directivos del Banco Central y de la banca estatal responsables de asignar divisas o créditos, así como a quienes dirigen el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE) y a quienes participan en la venta, tasación o entrega de activos y en la aprobación de contratos de producción cooperada.
Sobre la transparencia, Monreal sugiere publicar de manera completa y detallada información como la identidad del adjudicatario, el precio final del arriendo, la valoración de activos, la duración del arrendamiento y del contrato de producción cooperada, los incentivos y el plan de inversión. También plantea la creación de un registro público accesible de todos los arrendamientos y contratos relacionados, y la obligación de identificar a los beneficiarios finales, hasta llegar a la persona natural con control último sobre las partes no estatales en estos acuerdos.
Riesgos y oportunidades en la gestión de activos públicos
El economista advierte que activos de «todo el pueblo», formalmente custodiados por CIMEX, una de las principales empresas del país y parte de GAESA, pueden ser gestionados por actores privados que capturen su valor económico sin adquirir formalmente la propiedad. La preocupación radica en que, en lugar de una transición hacia una economía con mayor participación privada, estos procesos podrían implicar el expolio de bienes públicos, si no se ajustan las normas y mecanismos existentes. Monreal concluye que esto no es inevitable y que, con la voluntad política adecuada, dichas reglas pueden corregirse.
En una entrevista reciente, el consultor estratégico de mipymes Ángel Marcelo Rodríguez Pita también criticó estas iniciativas, calificándolas como una reorganización progresiva de los activos de GAESA que beneficia a intermediarios vinculados a los intereses del poder, y resaltó que, sin identificar beneficiarios específicos, estas medidas contribuyen a concentrar la riqueza en un grupo reducido, beneficiando principalmente a los testaferros.
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