La Suprema Corte de Justicia (SCJ) clausuró en forma definitiva cualquier intento de impunidad en uno de los episodios más perversos de la dictadura militar uruguaya. Según informaron fuentes judiciales , el máximo tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado y dejó plenamente ejecutoriada la condena a médico militar Ricardo Revetria Invernizzi a la pena de nueve años de penitenciaría por su activa participación en el aparato represivo de Salto.
El fallo de los ministros de la Corte fue categórico y unánime, según surge de la sentencia a la que accedió el semanario Búsqueda y dio a conocer este jueves. Al rechazar de plano los argumentos que pretendían la prescripción de los crímenes o la atenuación de la pena alegando la avanzada edad del criminal, la Justicia ratificó que los atentados contra los derechos humanos perpetrados desde el Estado no caducan. La resolución marcó, además, la posición del ministro Julio Posada —asumido en el máximo tribunal en diciembre—, quien se alineó sin fisuras al criterio de que el paso del tiempo no exime de responsabilidad a los verdugos ni a sus cómplices técnicos.
Condena a médico militar Ricardo Revetria: el examen médico de la crueldad
El expediente judicial al que accedieron los estrados revela un nivel de crueldad institucionalizada que causa indignación en la sociedad. En el Batallón de Infantería Nº 7 «Ituzaingó» de Salto, el dictamen médico no se utilizaba para curar ni para aliviar el sufrimiento, sino para administrar el tormento.
Revetria, que hoy ostenta 93 años, era el encargado de dar el visto bueno en las salas de interrogatorio. Los testimonios desgarradores de las víctimas y las pericias documentales demostraron que el exmédico examinaba a los prisioneros políticos en medio de las sesiones de apremios ilegales. Su función no era asistencial; su cometido consistía en auscultar los cuerpos flagelados, controlar los pulsos desvanecidos y determinar fríamente si la víctima podía seguir soportando el tormento o si existía riesgo inminente de paro cardíaco o muerte, lo que obligaba a pausar la agresión únicamente para evitar perder el testimonio del prisionero.
Por esta complicidad delictiva, en 2024 la Justicia de primera instancia lo condenó a 10 años de reclusión como coautor de reiterados delitos de abuso de autoridad contra detenidos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves. Un año más tarde, en mayo de 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno ratificó la culpabilidad del acusado y readecuó la sanción a nueve años de penitenciaría, el monto que ahora ha quedado sellado de forma inmodificable por la Suprema Corte.
El rechazo a la impunidad por vejez y el fracaso de la defensa
En un intento desesperado por evitar que su asistido ingrese a prisión, la defensa de Revetria planteó ante la Suprema Corte que una pena de nueve años para un hombre de 93 años constituía una desproporción y una «mortificación» inútil, argumentando que no cumplía con los fines de resocialización de la pena y exigiendo la prescripción de la causa.
La Suprema Corte de Justicia pulverizó dicha argumentación. Los magistrados sostuvieron que la gravedad intrínseca de la conducta juzgada —la perversión del acto médico colocado de forma consciente como engranaje para garantizar que la tortura no matara al torturado antes de obtener información— impide cualquier clase de beneficio amparado en el simple correr de los años. La vejez del represor no borra las secuelas imborrables que dejó en los cuerpos y las mentes de los prisioneros que pasaron por el Batallón 7.
Con este veredicto firme y sin más instancias de apelación en el horizonte, la orden de ejecución judicial fue librada, confirmando que la bata blanca del médico militar Ricardo Revetria no servirá de escudo para tapar los crímenes perpetrados durante los años de plomo.
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