La investigación por el caso Ilda Goyochea en La Rioja, Argentina sumó en las últimas horas importantes resoluciones judiciales que encendieron la polémica y motivaron una nueva convocatoria de la familia a las calles. La Justicia riojana decidió ordenar el secreto de sumario en la causa que investiga el fallecimiento de la mujer de 32 años, al tiempo que concedió la prisión domiciliaria a los dos imputados, Sofía Agüero y Gabriel Díaz, quienes se encontraban con la víctima la noche en que sufrió una herida mortal en el cuello.
La medida de restringir el acceso a la información del expediente fue dispuesta por el juez Daniel Barría, subrogante del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja. El magistrado determinó que ninguna de las partes involucradas en el proceso podrá difundir detalles de las diligencias ni de las resoluciones adoptadas hasta tanto concluya la etapa investigativa formal, argumentando que existe una «mediatización» que podría interferir en el desarrollo de la causa.
En la misma resolución donde se estableció la reserva de las actuaciones, el juez autorizó que Agüero y Díaz —ambos imputados formalmente por el delito de homicidio— continúen el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La decisión se fundamentó en el arraigo familiar acreditado por los acusados, la ausencia de antecedentes penales, la caución real presentada y la predisposición a colaborar con el proceso, sumado a la imposición de vigilancia policial permanente y la prohibición expresa de tomar contacto con testigos, peritos o familiares de la víctima.
Caso Ilda Goyochea en La Rioja: las inconsistencias que derrumban la hipótesis del accidente
El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del pasado 10 de julio en la vivienda de la víctima, ubicada en la capital riojana. En una primera instancia, las declaraciones vertidas por los acompañantes insinuaron que la fatalidad se produjo por un accidente doméstico desencadenado tras la rotura de una copa de vidrio con vino. Sin embargo, las pericias técnicas y los primeros informes médicos del centro asistencial donde fue ingresada Ilda arrojaron serias dudas sobre dicha narrativa.
Los profesionales de la salud que atendieron a la joven describieron una lesión lineal y de importante profundidad en la zona cervical, destacando la ausencia de bordes irregulares o esquirlas de vidrio incrustadas en el cuerpo, características que habitualmente acompañan a los cortes provocados por la rotura violenta de un recipiente de cristal. A estas observaciones físicas se sumó un detalle determinante: la víctima ingresó al establecimiento sanitario sin ningún tipo de vendaje o compresión previa, lo que evidenció una falta total de maniobras de primeros auxilios para contener la hemorragia de gravedad.
A las inconsistencias anatómicas se añadieron fallas de carácter técnico en la escena. La investigación determinó que los dispositivos del sistema de videovigilancia instalados en el domicilio dejaron de registrar imágenes a las 3:42 de esa misma madrugada, momentos antes de que se desencadenara el suceso fatal. Las causas del cese de transmisión y almacenamiento de la señal permanecen bajo análisis pericial.
Revelaciones de la exjueza y manejo de pruebas clave
Un elemento de fuerte impacto procesal proviene de las declaraciones públicas realizadas por la exjueza Cecilia Córdoba, quien tuvo a su cargo el expediente en los inicios de la instrucción antes de presentar su renuncia por motivos personales. La exmagistrada explicó de manera categórica las razones que sustentaron la orden inicial de detención contra Agüero y Díaz.
«La médica que atendió a Ilda dijo que no era un accidente doméstico por la gravedad y la forma de la herida, y que no se correspondía con lo relatado por los acompañantes», sostuvo Córdoba al evaluar los elementos que constaban en el expediente durante los primeros peritajes en el lugar de los hechos.
Asimismo, la exmagistrada expuso irregularidades vinculadas a la custodia de la evidencia digital. Tras el episodio, el teléfono celular de la víctima permaneció en poder de Díaz, uno de los imputados, quien según la denuncia formal de los familiares de Goyochea se habría negado a devolverlo en las horas posteriores al hecho. El dispositivo móvil reviste un valor estratégico para los investigadores, dado que desde dicho terminal se administraba la aplicación de control de las cámaras de seguridad de la vivienda.
Movilización ciudadana y denuncias de amedrentamiento
Frente a las determinaciones judiciales y la morigeración de las medidas cautelares para los acusados, la familia de la víctima ratificó la realización de una manifestación pacífica en el centro de la capital riojana. La movilización fue fijada para este jueves a las 18:30 horas en la céntrica Plaza 25 de Mayo, bajo el lema institucional: «No marchamos contra nadie, marchamos por Ilda».
Jimena Goyochea, hermana de la joven fallecida, hizo públicas las dificultades que atraviesa la familia en la búsqueda de explicaciones sobre lo acontecido durante la madrugada del 10 de julio. En un pronunciamiento difundido en plataformas digitales, denunció la existencia de contradicciones permanentes en las explicaciones iniciales brindadas por los involucrados, señalando variaciones en los relatos que pasaron de no haber presenciado el hecho a aludir caídas desde sillas o mesas.
Paralelamente, la representación familiar visibilizó situaciones de hostigamiento contra las personas que reclaman celeridad e imparcialidad procesal. «Estamos pidiendo algo tan simple como saber qué pasó con mi hermana y, por hacerlo, hasta hemos recibido amenazas», expresó la hermana de la víctima en su descargo público, remarcando que mantendrán los pedidos de esclarecimiento en todos los ámbitos correspondientes.
La causa continuará esta semana con la recepción de nuevas testimoniales citadas por el juzgado de instrucción subrogante, en el marco de una etapa sumarial que permanecerá bajo estricta reserva por orden judicial.
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