El block quirúrgico tiene sus propios códigos, un silencio tenso que se rompe apenas por el sonido rítmico de los monitores. Pero en el Servicio Médico Integral (SMI), desde los primeros meses de 2023, empezó a correr un rumor que helaba la sangre: la anestesista Inés Miralles tenía, supuestamente, un problema con el fentanilo. Las miradas de reojo se volvieron moneda corriente cuando la profesional desaparecía de la sala para ir al baño con una frecuencia que nadie lograba explicar en términos médicos.
Aquel murmullo, que circulaba en voz baja entre colegas, terminó de estallar el 26 de octubre de 2023. Soledad Barrera, una paciente que llegaba para una rutina de vesícula, nunca despertó de la anestesia: sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en un daño cerebral irreversible y, meses más tarde, en su muerte. Según información recopilada por la publicación Búsqueda, la investigación administrativa posterior dejó en evidencia un rastro de desprolijidades: contradicciones en los relatos sobre su presencia en el quirófano, historias clínicas maquilladas y cuentas que no cerraban con los stocks de fármacos.
El despido y el refugio gremial
El directorio del SMI no tuvo dudas. El 8 de abril de 2024, resolvió por unanimidad despedir a Miralles. La razón esgrimida fue contundente: «pérdida de confianza», un término que en el derecho laboral uruguayo funciona como un portazo definitivo. Sin embargo, no fue un adiós silencioso.
Miralles se afilió al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en enero de 2024, cuando la tormenta ya descargaba sobre ella. Fuentes gremiales admitieron que la anestesista buscó contención allí, luego de que la Sociedad de Anestesiología (SAU) no cumpliera con sus expectativas de defensa. La estrategia fue pragmática: como el sindicato no podía intervenir en los hechos previos a la afiliación, se concentraron en negociar una salida decorosa. «La echaron por pérdida de confianza, nada referido a la cirugía, ni fentanilo. Lo que hicimos fue tramitarle un despido común», explicaron desde el entorno sindical.
La ministra bajo fuego y una sanción que dividió aguas
El caso saltó de la mutualista al Parlamento. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, debió comparecer ante el Senado en reiteradas oportunidades para explicar por qué, en octubre de 2025, decidió rebajar la inhabilitación de Miralles de cinco a tres años. La decisión fue una bomba dentro de la Comisión Honoraria de Salud Pública: 11 de sus 13 integrantes presentaron su renuncia en señal de protesta.
El ambiente en el despacho ministerial se siente cargado. La oposición apunta a «irregularidades» en la reducción de la pena, mientras la ministra sostiene que el sistema mostró fallas estructurales desde el inicio. Lustemberg fue crítica con la mutualista, señalando que solo se pusieron en marcha cuando el Ministerio empezó a exigir respuestas reales sobre lo ocurrido aquel octubre de 2023.
Un sistema bajo la lupa
Mientras la Justicia ya dictó una condena de 24 meses en libertad a prueba por homicidio culpable, el médico que integraba la comisión sancionadora y que también trabaja en el SMI, Juan Carlos Berretta, quedó en el centro de las sospechas por un posible conflicto de interés. Aunque la pediatra Alicia García —otra de las renunciantes— aseguró que no hubo irregularidad jurídica, el aire de desconfianza persiste en los pasillos de la salud pública.
El caso de la anestesista Miralles no es solo la historia de una mala praxis; es el reflejo de un sistema que, ante la crisis, tardó en reaccionar. Hoy, mientras los expedientes judiciales duermen en otros cajones, el Ministerio de Salud Pública intenta reconstruir una credibilidad que, según expertos y actores del sistema, quedó seriamente erosionada.