El Poder Ejecutivo entregó al diputado del Partido Nacional Pablo Abdala la demanda presentada por el astillero español Cardama contra el Estado uruguayo en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, junto con la respuesta elaborada por el gobierno. La entrega se concretó tras una serie de gestiones e instancias impulsadas por el legislador opositor.
En el escrito inicial, la empresa constructora dirige la acción judicial contra el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y repasa los hechos vinculados a la contratación firmada el 15 de diciembre de 2023 para la adquisición de dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros, un acuerdo que quedó sin efecto en febrero de este año. El astillero reclama que se declare improcedente la rescisión y solicita el pago de montos pendientes junto con una indemnización por daños económicos y de imagen.
Inseparabilidad técnica y jurídica
En su argumentación, Cardama sostiene que los aspectos jurídicos y técnicos del contrato son inseparables y conforman una única controversia. Según la empresa representada por el estudio Hughes & Hughes, abordar una cuestión aislada de la otra resulta inviable y exige un pronunciamiento conjunto para garantizar la seguridad jurídica. Asimismo, el astillero cuestiona la actuación del gobierno y acusa una conducta de mala fe institucional tras la exposición pública realizada por las autoridades nacionales sobre las garantías del contrato.
Por su parte, la defensa del Estado uruguayo, integrada por el estudio Uría Menéndez Abogados y la abogada Alejandra Torres Camprubí, rechazó de plano los argumentos de la demanda. El gobierno calificó la acción judicial como un intento de recurrir a un foro manifiestamente incompetente para eludir responsabilidades ante los incumplimientos detectados en las garantías de fiel cumplimiento y de reembolso.
La postura oficial del gobierno
El Ejecutivo argumenta que el tribunal arbitral carece de jurisdicción para atender el reclamo, ya que el contrato estableció vías diferenciadas para resolver las controversias. De acuerdo con el texto firmado por las partes, los diferendos jurídicos deben dirimirse en la justicia nacional, mientras que las cuestiones técnicas correspondían a una sociedad de clasificación y, en última instancia, a un arbitraje limitado a esa materia específica.
En su petitorio principal, el Estado uruguayo solicita que el tribunal se declare incompetente y desestime la demanda. Como alternativa subsidiaria, en caso de asumir competencia, reclama que se condene a Cardama a devolver los fondos ya desembolsados por un valor de 28.794.500 euros, además de cubrir los costos asociados al procedimiento y una indemnización por daños y perjuicios.
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