Tras la insistencia del diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, que incluso recurrió a la Justicia, el Poder Ejecutivo optó por presentar la demanda que inició el astillero Cardama contra el Estado uruguayo en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. En el documento judicial al que accedió El País, la empresa española, patrocinada por el estudio jurídico Hughes & Hughes, dirige la acción legal concretamente contra el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y realiza un extenso recuento de los hechos desde el pasado 15 de diciembre de 2023, fecha en la que se firmó el contrato original para la adquisición de dos patrulleras oceánicas por un monto total de 82,2 millones de euros.
Entre las principales peticiones planteadas ante el tribunal arbitral, el astillero solicita formalmente que se declare que la rescisión contractual promovida por el gobierno uruguayo resultó «improcedente y contraria a Derecho». Asimismo, la firma exige que se determine que la República Oriental del Uruguay incumplió sus obligaciones contractuales y violentó el principio de buena fe, reclamando además el derecho a percibir las cantidades pendientes de pago en virtud del convenio, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, y que el Estado corra con la totalidad de los gastos generados por el procedimiento arbitral, aunque sin especificar una cifra monetaria concreta en esta etapa del proceso.
La cronología de los hechos y la polémica por las garantías
En la descripción de la controversia, estructurada en 25 puntos, los representantes legales del astillero mencionaron en primer término la obligación contractual de constituir dos garantías, señalando la de fiel cumplimiento —que posteriormente derivó en el escándalo al resultar falsa— y la de reembolso, para luego remarcar que la empresa inició los trabajos de construcción según lo acordado. En este sentido, detallaron que se suscribieron múltiples subcontratos con proveedores de materiales esenciales, destacándose los pedidos realizados entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 con la representante de Caterpillar en España (Finanzauto) para la provisión de los motores principales y auxiliares de las embarcaciones.
Como principal cuestionamiento al accionar del Estado uruguayo, Cardama sostiene que mientras la construcción de los buques avanzaba, el pasado 22 de octubre de 2025 el presidente Yamandú Orsi convocó a una sorpresiva rueda de prensa para anunciar que la garantía de fiel cumplimiento otorgada por Eurocommerce era fraudulenta, y que el Ejecutivo procedería a iniciar acciones legales y a rescindir el contrato. La empresa argumenta en su demanda que nunca fue alertada de esta situación con anterioridad y que el Estado infringió la confidencialidad y la buena fe contractual, convirtiendo el acuerdo en un pacto de imposible cumplimiento que provocó la retirada de subcontratistas clave.
El debate jurídico sobre la inseparabilidad técnica
Uno de los ejes centrales de la argumentación de Cardama radica en la imposibilidad de separar los aspectos jurídicos de los técnicos. Mientras el contrato fijaba que las controversias jurídicas debían dirimirse bajo la legislación y los tribunales uruguayos, y los conflictos técnicos correspondían a la Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register o a un arbitraje en París en última instancia, el astillero alega que ambas materias son intrínsecamente conexas. Según los demandantes, abordar una cuestión aislando la otra resulta inviable para evitar resoluciones contradictorias, exigiendo un conocimiento y resolución conjunta y unitaria en el procedimiento arbitral para salvaguardar la seguridad jurídica.
Finalmente, el documento acusa al Estado uruguayo de mantener una conducta continuada de mala fe, caracterizada por la exposición mediática de acusaciones graves sin comunicación previa, el rechazo sistemático a soluciones consensuadas —como la mediación del excanciller Gonzalo Fernández— y la supuesta fabricación oportunista de incumplimientos técnicos para justificar una decisión de rescisión que, según el astillero, ya estaba tomada de antemano por las autoridades nacionales.
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