Mientras los jerarcas del Ministerio del Interior se llenan la boca hablando de seguridad y control penitenciario en despachos climatizados, la realidad carcelaria vuelve a darles una cachetada monumental. Un recluso de apenas 25 años, alojado cómodamente en la tristemente célebre cárcel de Cerro Carancho en Rivera, se dedicaba a administrar un próspero negocio de estafas informáticas y venta trucha de garrafas de gas de 13 kilos utilizando un celular como si estuviera en el living de su casa. Una verdadera tomada de pelo que expone, una vez más, la total incapacidad del Estado para ponerle coto al delito puertas adentro de los establecimientos de reclusión.
Las maniobras, que según la investigación fiscal se venían ejecutando desde junio de este año, consistían en fraguar comprobantes de pago para hacerse de artículos y comercializar combustible mediante engaños virtuales. Lo más patético del asunto es que el vivillo ya acumulaba un frondoso prontuario con antecedentes por hurto, violación de domicilio y hasta la gracia de haberse sacado de encima los dispositivos electrónicos de control. Con semejante historial, el sistema penitenciario no tuvo mejor idea que mantenerlo encerrado en condiciones que le permitían seguir delinquiendo a sus anchas, demostrando que las cárceles uruguayas funcionan hace rato como una cueva de delincuentes donde el encierro es una mera formalidad burocrática.
La farsa del control carcelario y el premio consuelo
El desenlace de esta comedia de enredos institucional raya en el absurdo: tras comprobarse que delinquía desde el calabozo, la «gran» respuesta de la Justicia y las autoridades policiales fue sumarle apenas seis meses más a su estadía tras las rejas. Un castigo de juguete que convalida la lógica de la puerta giratoria y confirma que los penales nacionales son centros de operaciones criminales antes que espacios de rehabilitación.
Mientras las autoridades miran para el costado y esquivan asumir responsabilidades políticas por el ingreso masivo de tecnología y el descontrol absoluto en las cárceles del interior, el ciudadano de a pie sigue pagando los platos rotos de un sistema penitenciario carcomido por la desidia y la inoperancia oficial. Esta situación intolerable evidencia que la gestión de las cárceles uruguayas sigue naufragando en la improvisación y la falta absoluta de autoridad real sobre la población penal.
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