El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma la finalización de reclamaciones por ayudas COVID para autónomos
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado que no se pueden seguir reclamando las ayudas relacionadas con la pandemia de COVID-19 a más de 100.000 autónomos, ya que «ha finalizado el año en el que era legal hacerlo». La decisión ha sido fundamental en respuesta a las solicitudes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha solicitado el archivo de las reclamaciones por valor de 127 millones de euros.
La sentencia y sus implicaciones para las reclamaciones de ayudas
Según la resolución del TSJ del País Vasco, recogida por Economía XXI, la entidad colaboradora no puede fundamentarse en «detectar omisiones formales» relacionadas con la gestión indebida de los 127 millones de euros en ayudas. La sentencia establece que, para cuestionar el derecho de un autónomo a recibir dichas ayudas, es necesario contar con «pruebas sólidas» que acrediten la existencia de fraude. Esto significa que las administraciones no pueden alegar errores formales para reclamar cantidades ya reconocidas, salvo que existan evidencias claras de actuación indebida.
Reclamaciones y acciones de la ATA ante la resolución judicial
Ante esta situación, la ATA ha solicitado que se proceda al archivo de los expedientes de revisión de las prestaciones extraordinarias por el cese de actividad durante la pandemia, especialmente en casos en los que haya transcurrido más de un año desde su concesión provisional y no exista prueba de fraude por parte del autónomo. Además, ha reclamado la devolución de las cantidades ya cobradas de forma indebida a aquellos autónomos a quienes se les requirió el reintegro mediante procedimientos de revisión fuera del plazo legal establecido.
Exigencias de seguridad jurídica y responsabilidad administrativa
Asimismo, la organización de autónomos ha solicitado una mayor claridad en la seguridad jurídica, pidiendo que la Administración deje de litigar contra los autónomos y dé por cerradas las prestaciones tras cumplir su función en un período considerado como el más severo de la reciente historia económica. El presidente de ATA ha destacado que «si la Administración gestiona con retraso la verificación de los expedientes, el coste no debe recaer sobre los autónomos que actuaron de buena fe».
Desde la asociación, también se ha puesto en valor la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que refuerza la postura que llevan defendiendo desde hace meses y que ha sido respaldada por otros tribunales, como el Juzgado de lo Social. La organización ha mostrado su respeto hacia la fiscalización, aunque ha reiterado que las conclusiones del Tribunal de Cuentas «no pueden situarse por encima de las leyes procesales ni del ordenamiento jurídico que proteje a los ciudadanos».
Finalmente, ATA ha destacado que la Administración ha tenido el tiempo suficiente para verificar las condiciones de las concesiones de ayudas, y que prolongar esas revisiones más allá del plazo legal ha supuesto un «quebranto irreparable a la confianza legítima» de más de 100.000 autónomos, considerando que dicha situación refleja una grave ineficiencia administrativa.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.