El diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue denunció haber recibido amenazas de muerte y hostigamiento de un hombre que, según su relato, llegó en dos oportunidades hasta su despacho en el anexo del Palacio Legislativo. El hecho motivó denuncias ante el Ministerio del Interior y la activación de un protocolo de seguridad en el Parlamento.
Se trata de un episodio grave. Un legislador no debe ser amenazado, perseguido ni agredido por sus posiciones políticas, religiosas o personales. La seguridad de un representante electo no es un privilegio: es una condición mínima para el funcionamiento democrático.
Pero el caso también volvió a poner sobre la mesa una discusión que Uruguay nunca terminó de saldar: el vínculo de Dastugue con los Hogares Beraca, la Iglesia Misión Vida y una serie de denuncias que, desde hace años, describen presuntos malos tratos, trabajo sin remuneración y utilización política de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La gravedad de las amenazas no borra esas preguntas. Y las denuncias sobre Beraca tampoco justifican, bajo ningún concepto, la violencia contra Dastugue. Mezclar ambos planos solo sirve para oscurecer los hechos.
Las amenazas denunciadas por Álvaro Dastugue
Dastugue afirmó que un hombre lo sigue desde hace unos siete meses, que intentó agredirlo y que llegó a ingresar a su despacho cuando el legislador no se encontraba allí. Según su versión, también hubo un episodio a la salida de la iglesia a la que concurre, donde el agresor habría arrojado baldosas contra quienes se acercaron a acompañarlo.
La información fue difundida por Telenoche y luego confirmada por el propio diputado a Montevideo Portal. En el plenario de Diputados, Dastugue cuestionó además la demora en la respuesta estatal ante la denuncia que presentó.
Hasta ahora, la información pública disponible permite afirmar que existe una denuncia y que el Parlamento reforzó las medidas de seguridad. No permite, sin embargo, atribuir el hecho a una organización, a una motivación política concreta ni a las investigaciones periodísticas sobre Beraca. Hacerlo sería especular.
Ese límite es esencial: una noticia seria debe contar lo que se sabe y también decir con claridad qué todavía no está probado.
El vínculo de Dastugue con Beraca
Álvaro Dastugue no es un observador externo de la estructura Beraca. Es pastor de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, yerno de su fundador Jorge Márquez y ha reconocido públicamente que vive en uno de los hogares de la organización.
Beraca funciona como una red de hogares vinculados a la recuperación de personas con consumo problemático de drogas, personas en situación de calle y otros cuadros de vulnerabilidad social. La organización ha tenido una presencia importante en Uruguay y, durante años, recibió incluso derivaciones dispuestas por la Justicia.
Ese dato revela una contradicción que el Estado no puede ignorar: mientras los dispositivos públicos de rehabilitación han sido insuficientes, organizaciones religiosas ocuparon un lugar central en la atención de personas vulnerables. Pero que una institución cubra una carencia estatal no la vuelve inmune al control público.
Precisamente porque trabaja con personas que dependen de un techo, comida, contención y tratamiento, Beraca debería estar sometida a una fiscalización especialmente rigurosa.
Las denuncias de Todo Se Sabe y el antecedente de Santo y Seña
Las denuncias más recientes difundidas por el programa Todo Se Sabe retoman testimonios de exintegrantes de Beraca. Allí se acusa a la estructura de haber utilizado a internos y residentes en tareas laborales y políticas sin una remuneración que llegara efectivamente a quienes realizaban el trabajo.
El programa difundió testimonios según los cuales personas de los hogares habrían participado en reparto de listas, tareas de campaña y actividades en locales políticos. También se formularon acusaciones sobre un presunto manejo irregular de fondos destinados a esas tareas.
Son acusaciones serias, pero deben presentarse como lo que son: testimonios y denuncias periodísticas que requieren investigación administrativa, laboral y, si corresponde, judicial. No existe una sentencia pública que haya condenado a Dastugue por los hechos denunciados por el programa.
La cuestión, sin embargo, no empezó ahora. En 2016, Santo y Seña emitió un informe con denuncias de exinternos de los Hogares Beraca. Varios relataron extensas jornadas de trabajo, restricciones en el contacto familiar, carencias materiales y situaciones que describieron como violencia física o psicológica.
En aquel momento, el asunto llegó al Parlamento. La Comisión de Legislación del Trabajo citó a representantes de la ONG ESALCU —vinculada a los hogares— y a usuarios de Beraca. La discusión no fue una operación de redes ni una polémica menor: fue un asunto institucional que involucró a personas en recuperación y denuncias sobre condiciones de vida y trabajo.
La respuesta de Dastugue
Dastugue ha rechazado las acusaciones de financiamiento político irregular. En la investigadora parlamentaria que abordó el financiamiento de campañas, sostuvo que ni la Iglesia Misión Vida ni Beraca financiaron a su sector político. También declaró que quienes participaron en actividades partidarias lo hicieron “a título personal”.
Sobre la participación de residentes de Beraca en actividades vinculadas a la campaña de Juan Sartori, el legislador declaró a El Observador en 2019 que algunas personas que vivían en esos hogares integraban agrupaciones políticas, pero negó que se tratara de internados enviados a trabajar.
La defensa de Dastugue plantea una distinción importante: no toda persona que vive en un hogar Beraca está internada, ni toda militancia política de un residente es necesariamente una forma de explotación. Pero esa explicación no alcanza, por sí sola, para despejar el problema de fondo.
Cuando una organización reúne a personas que dependen de ella para vivir, tratar una adicción o reconstruir su vida, la voluntariedad no puede presumirse. Debe demostrarse. Debe haber contratos, pagos verificables, libertad real para negarse, acceso a familiares y controles externos.
El problema no es la fe: es el poder sin controles
El debate no debería reducirse a atacar a una iglesia evangélica ni a criminalizar el trabajo religioso con personas adictas. El problema es otro: el riesgo de que una estructura con enorme influencia sobre personas vulnerables funcione sin controles laborales, sanitarios, tributarios y políticos suficientes.
La fe puede ser un sostén para muchas personas. Pero nunca puede ser una excusa para eludir derechos básicos. La rehabilitación no puede confundirse con obediencia. El voluntariado no puede reemplazar empleo encubierto. Y la ayuda social no puede transformarse en una cantera de militancia política.
Las denuncias sobre Beraca requieren respuestas comprobables, no consignas. Si los testimonios son falsos, la organización y Dastugue deberían tener interés en que una investigación independiente lo establezca con claridad. Si contienen elementos ciertos, el Estado tiene la obligación de intervenir y proteger a quienes no tienen poder para denunciar.
Una deuda del sistema político
La discusión también incomoda porque involucra a más de un sector. Durante años, dirigentes políticos de distintos espacios se vincularon con estructuras religiosas y sociales que movilizan gente, aportan redes territoriales y pueden resultar decisivas en campañas electorales.
El sistema político suele descubrir la necesidad de transparencia cuando el problema estalla en los medios. Pero llega tarde. Las reglas sobre financiamiento, trabajo militante y uso de personas vulnerables deben aplicarse antes de que aparezca una cámara, una denuncia o una amenaza.
En el caso de Álvaro Dastugue, hay dos deberes que deben convivir. El primero es protegerlo frente a las amenazas y permitir que la investigación policial determine quién lo hostiga y con qué motivo. El segundo es no archivar bajo el ruido de ese ataque las denuncias sobre Beraca, sus métodos y su relación con la actividad política.
Una democracia sana no elige entre seguridad y transparencia. Exige ambas cosas.
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