La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, encargada de supervisar los procesos judiciales y electorales en Guatemala, ha expresado su «profunda consternación» ante la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó una nueva calificación de los aspirantes al cargo de fiscal general y titular del Ministerio Público.
En un comunicado, la Misión condenó la intervención de la CC, señalando que «esta intervención modifica de forma abusiva los criterios de evaluación y vulnera la integridad del proceso y la confianza pública en las instituciones, excluyendo la experiencia judicial». Además, consideraron que el criterio utilizado por la Corte parece arbitrario y no se ajusta al principio de priorizar la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los candidatos que ocuparán el puesto de Fiscal General.
Este viernes, la Comisión de Postulación de Guatemala siguió las directrices establecidas por la CC, que propuso la integración de una nueva nómina de seis aspirantes a la jefatura del Ministerio Público (MP) y fiscal general. Esta información fue entregada al presidente Bernardo Arévalo de León. La Unión Europea ha resaltado que el primer proceso contaba con un «alto grado de publicidad» y considera que este debería ser respetado.
La decisión de la CC contraviene precedentes previos de la misma Corte, que reconocían la importancia de la experiencia en la judicatura. En respuesta a esta situación, la Misión recordó que la Comisión de Postulación debe ejercer su mandato constitucional a través de una evaluación sustantiva, transparente, rigurosa y objetiva de las cualidades de los candidatos, sin comprometer el objetivo de la ley.
La Corte de Constitucionalidad exigió que se remita una nueva nómina, y la Comisión de Postulación, tras acatar la decisión, reinició el proceso de calificación de los aspirantes. Los expedientes revisados serán enviados al presidente, quien tiene la responsabilidad de elegir al próximo fiscal general para el período 2026-2030.
La actual fiscal general, María Consuelo Porras, dejará su cargo el próximo 16 de mayo. Porras enfrenta sanciones activas de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por «socavar la democracia» y «participar en actos ilícitos». Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó la solicitud de retiro de inmunidad presentada en su contra, considerándola infundada y sin entrar a considerar el caso.
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