Gustavo Bolívar revela conversaciones con abogado sobre la crisis de Luz Verónica Estrada por sus títulos académicos
El exsenador Gustavo Bolívar se pronunció recientemente a través de su canal de difusión en WhatsApp acerca de la controversia que enfrenta la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, en relación con la apariencia de irregularidades en sus títulos académicos. En su declaración, Bolívar, quien además es escritor y novelista, afirmó que según la versión de la congresista, esta habría contactado a un abogado amigo suyo en medio de la crisis.
Bolívar aseguró que Estrada estaba “desesperada” y no sabía cómo actuar ante la situación, que calificó de “impresentable”. Sin embargo, también señaló que detrás de la exposición pública existe una dimensión personal que la afecta emocionalmente. Las denuncias contra Estrada han abierto un debate tanto en el plano político como jurídico, cuestionando la veracidad de sus antecedentes académicos.
La supuesta ayuda legal y recomendaciones de Bolívar
Según explicó, el abogado cercano a la congresista se comunicó con él tras recibir una llamada de Estrada, quien le expresó su desesperación. “Me llama y me dice: ‘Oiga, hermano, me llamó esta muchacha Verónica, que no sabe qué hacer, que está desesperada’”, relató Bolívar. Añadió que la presión del escrutinio público puede tener un impacto emocional considerable en la legisladora, quien enfrenta un problema jurídico, moral y de cancelación de su credencial para ejercer como representante.
Bolívar señaló que, tras su conversación, le recomendó a Estrada renunciar a su curul y ofrecer disculpas públicas. “Le dije: ‘Lo primero que tiene que hacer es renunciar. Lo segundo es pedir perdón a la familia, a ella misma, a la sociedad, al Congreso y a la Dian, que se vea un perdón sincero’”, indicó.
Consejos sobre las posibles acciones legales y la responsabilidad futura
Además, Bolívar advirtió que la congresista debería prepararse para responder ante las posibles consecuencias judiciales del caso. “Ella tiene que buscar rápido un acuerdo para que le den una pena pequeña, como por ejemplo la de Juliana Guerrero”, expresó. Durante su intervención, recordó que ocupó una curul en dos periodos legislativos y afirmó que nunca presentó como verdadera una formación académica que no poseía, resaltando la importancia de no comprometerse con información falsa.
La postura pública de Luz Verónica Estrada ante las acusaciones
Por su parte, Luz Verónica Estrada Holguín emitió su primer pronunciamiento público en respuesta a las denuncias sobre presuntas irregularidades en sus títulos académicos. La congresista, del Pacto Histórico, informó que otorgó poder a su abogado, Santiago Trespalacios, y que acudirá a las autoridades cuando sea requerida. A través de su cuenta en X, escribió: “Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”.
Implicaciones legales y análisis de abogados especializados
Este pronunciamiento fue su primera declaración formal tras varios días de cuestionamientos y acusaciones relativas a la posible falsificación de sus documentos académicos. La congresista optó por no abordar en profundidad las acusaciones y remitió su defensa a su equipo jurídico. El abogado penalista Gildardo Acosta Gutiérrez explicó que las autoridades deberán determinar si existen conductas que puedan ser investigadas penalmente, entre ellas la falsedad ideológica en documento público, tipificada en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000.
Acosta indicó que esa figura legal contempla la incorporación de información falsa en documentos públicos por parte de un servidor público en ejercicio de sus funciones. La posible imputación de esa conducta dependerá de las pruebas que se presenten y de las decisiones que tomen los órganos judiciales. También mencionó la posibilidad de investigar el delito de fraude procesal, establecido en el artículo 453 del Código Penal, que se configura si se demuestra que alguien indujo a un funcionario público a cometer un acto ilícito mediante documentos falsificados para obtener decisiones contrarias a derecho, como nombramientos o contrataciones estatales.





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