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Cristina Lustemberg pierde a su asesor jurídica tras el fallo presidencial

Renunció Martín Esposto, director de Jurídica del MSP, tras el revés del presidente Orsi en el caso de la anestesista Inés Miralles y sus polémicos informes.

Imagen ilustrativa de documentos legales y expedientes sanitarios en oficinas estatales.
El director jurídica del MSP, Martín Esposto, presentó su renuncia tras los polémicos dictámenes que avalaron las decisiones de la ministra Cristina Lustemberg.

La gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sumó un nuevo revés político con la renuncia en las últimas horas de Martín Esposto, quien se desempeñaba como director de Jurídica de la cartera. La dimisión se produjo luego de que el presidente Yamandú Orsi decidiera revocar la reducción de la inhabilitación impuesta a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo en el marco de la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Esposto había ingresado al Ministerio de Salud Pública (MSP) en marzo de 2025 en régimen de pase en comisión —proveniente de ASSE y a pedido expreso de la ministra— para ocupar un cargo de confianza política. Su asesoramiento jurídico había sido el pilar sobre el cual Lustemberg sustentó dos de las decisiones más resistidas por la oposición y que hoy la colocan nuevamente en el centro del debate político, de cara a su interpelación prevista para el próximo 22 de noviembre en la Cámara de Representantes.

Los antecedentes y el caso Danza

El primer gran frente de conflicto que debió afrontar la jerarca estuvo vinculado a la situación del actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, y los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses e incompatibilidades por ejercer simultáneamente funciones públicas y privadas en distintas mutualistas.

En aquel momento, para respaldar la continuidad de Danza al frente del prestador público, el MSP se apoyó en un dictamen elaborado por Esposto que sostenía que no existía incompatibilidad ni conflicto de intereses. La actuación del entonces director de Jurídica ya había sido duramente cuestionada por la oposición parlamentaria debido a su condición de funcionario de ASSE. Si bien Danza terminó renunciando a sus cargos en el ámbito privado (Asociación Española, Médica Uruguaya y CAMS de Soriano), el informe jurídico dejó abiertas fuertes críticas sobre los controles en la administración.

El caso Miralles y el desgaste institucional

El punto de quiebre para la permanencia de Esposto al frente de la asesoría letrada se originó en torno a la sanción aplicada a la anestesista Inés Miralles, condenada en diciembre de 2025 a dos años de prisión (sustituidos por libertad a prueba y arresto domiciliario) por un delito de homicidio culposo tras una mala praxis en una operación de vesícula que derivó en el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera, de 41 años.

En octubre de 2025, a partir de un recurso presentado por la defensa de la médica, Esposto elaboró un informe en el que alegó que, por principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad, el quantum sancionatorio impuesto inicialmente era «desproporcionado», recomendando reducir la inhabilitación. Con base en ese análisis técnico, la ministra Lustemberg validó la reducción de la pena.

La medida generó una grave crisis institucional en abril de este año when se conoció la resolución: 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública renunciaron en masa en señal de protesta.

Meses después, tras un nuevo recurso presentado en junio por Rosario Barrera, madre de la víctima, y por iniciativa del presidente Orsi, Esposto revisó los antecedentes y emitió un nuevo informe fechado el 28 de octubre. En este último dictamen incorporó como elemento la condena penal de la anestesista para sugerir elevar nuevamente la sanción. Sin embargo, desde Jurídica de Presidencia señalaron que, si bien compartían la necesidad de retrotraer la medida, no acompañaban los fundamentos jurídicos esgrimidos por el MSP.

Para Pablo Schiavi, abogado de la familia Barrera, la decisión adoptada por el presidente Orsi representa «un granito más de arena» ante un drama familiar irreparable. Schiavi valoró que se haya dejado sin efecto una resolución ministerial «que no tenía amparo legal» y destacó la contundencia del informe de Presidencia que rebatía los argumentos del ministerio.

En paralelo, el caso de Inés Miralles continúa su curso en la órbita contencioso-administrativa, a la espera de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se expida en 2027 sobre el recurso de nulidad presentado por la anestesista contra la sanción original.

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