La historia de la libreta de abastecimiento en Cuba
La «libreta de abastecimientos», una canasta familiar regulada creada en 1962 por la Ley 1015 y establecida en 1963 con las Oficinas de Control de Abastecimientos (OFICODAS), fue durante más de sesenta años un símbolo del modelo comunista cubano.
Históricamente, la mayoría de los Estados comunistas o con economía planificada han implementado sistemas de racionamiento mediante cartillas. Sin embargo, Cuba es el único país donde dicho sistema ha permanecido en funcionamiento de forma continua durante más de seis décadas, hasta que en la actualidad parece que se está desvaneciendo lentamente.
Esta cartilla aseguraba a cada núcleo familiar una cuota mensual de alimentos básicos a precios subsidiados por el Estado. Antes del colapso soviético, cubría una parte significativa de las necesidades alimenticias; tras el Periodo Especial en los años 90, el acceso se fue reduciendo progresivamente.
Si bien la libreta no ha sido formalmente abolida por decreto, en la práctica ha sido desmantelada. Se ha pasado de un sistema universal y subsidiado a una oferta de mercado que resulta costosa, controlada en parte por GAESA y actores privados, en un contexto de inseguridad alimentaria persistente, atrasos crónicos y pobreza generalizada.
El acceso a alimentos se ha convertido en una fuente de divisas para la élite, mientras la mayoría de la población sobrevive con raciones mínimas, donaciones o saltándose comidas.
Dependencia de importaciones y deterioro de la producción local
Cuba ha dependido históricamente de importaciones, llegando a adquirir cerca del 80 % de los alimentos que consume, con un costo anual que ronda los 2.400 millones de dólares. Entre 2018 y 2023, la producción nacional sufrió una caída drástica: el arroz disminuyó un 87 %, los frijoles un 70 %, la leche un 58 % y la carne de cerdo un 95 %, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), integrados en los planes del Programa Mundial de Alimentos.
Para 2026, el sistema de cuotas de alimentos subsidiados en la práctica ha desaparecido, aunque formalmente no exista una ley que lo derogue. Desde las políticas impulsadas por Raúl Castro de eliminar subsidios y gratuidades indebidas hasta las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero, se ha promovido la transición “del subsidio a productos a los subsidios a personas vulnerables”.
En junio de ese año, se confirmó que la canasta básica dejaría de ser universal y pasaría a centrarse en jubilados, familias con niños con enfermedades crónicas y personas en situación de vulnerabilidad, que en total suman aproximadamente 883.000 beneficiarios con un módulo reducido mensual (cinco libras de arroz, una de azúcar y una de granos).
Transformación de las bodegas y la oferta de alimentos
En octubre de 2026, un recorrido por La Habana realizado por AFP evidenció que muchas bodegas estaban cerradas, vacías o convertidas en “mercados de barrio”. Solo unas 1.913 bodegas —el 16 % de la red— permanecían abiertas para atender a los más necesitados.
En estos mercados de barrio en Placetas, los precios registrados eran de 530 CUP la libra de azúcar, 620 de frijoles, 370 de arroz criollo, 1.900 de leche en polvo y 1.890 por dos libras de pollo. Los habitantes comentaron que con el retiro del sistema de subsidios ya no pueden comprar para el mes completo, y que la oferta en estos establecimientos resulta insuficiente.
El economista Omar Everleny Pérez afirmó a Todo Noticias de Argentina que “realmente la libreta de abastecimiento ya no existe” y que es posible que ni siquiera se entregue físicamente en diciembre de 2026.
Testimonios y realidad social
Regla Lomas, residente en Mayabeque, expresó a IPS Cuba: “A la libreta no llega nada, ni pan desde hace meses. La suerte son los patios y que la gente se ayuda, pero el pan y otras cosas no las hay ni a precios privados”.
La escasez se ha agravado, incluso en la capital, donde en 2026 todavía se encontraban productos pendientes de entregas de octubre a diciembre de 2025. La entregas de arroz, por ejemplo, incluían libras atrasadas de meses anteriores y el cupo mensual era insuficiente para cubrir las necesidades básicas. El estado ha abandonado en gran medida su responsabilidad, y medios como Cubanet critican que “el sistema de distribución de ayudas es tan inútil como todo lo demás”.
Situaciones extremas reflejan la crisis, con jubilados que cobran unos 3.125 pesos mensuales, pero no considerados vulnerables si conviven con familiares con mayores ingresos, pese a los altos precios de alimentos básicos como pollo, que puede costar 650 pesos la libra, y huevos, cuyo precio oscila entre 3.000 y 3.600 en algunas regiones.
Existe mayor oferta en mercados privados y tiendas ligadas a GAESA, pero resulta inaccesible para la mayoría con salarios y pensiones limitados. El salario mínimo ronda los 3.210 CUP y la pensión mínima cerca de 3.000 CUP, por lo que comprar productos de calidad en estos lugares representa un gasto significativo.
En palabras de la cubana Brianita, conocida en TikTok como @brianitalacubana_1, “en Cuba sí hay comida, lo que no hay es dinero… Todo en estos lugares es carísimo, pero tienes que comprar, porque si no, no se come”. En un ejemplo, ella adquirió en una tienda particular productos por más de dos salarios medios, por un total de 19.250 CUP.
Las tarifas de frutas y verduras también reflejan la crisis: tomates a 2.000 CUP la libra, pimientos verdes a 1.200 y guayabas a 700. Varios usuarios en distintas provincias reportan cifras similares, expresando que en una sola libra de tomate y ají se consume el salario mensual.
Inseguridad alimentaria y datos estadísticos
La definición de inseguridad alimentaria de la FAO/ONU indica que existe cuando las personas no acceden regularmente a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Esta situación puede ser leve, moderada o grave, dependiendo de la gravedad de la carencia.
Los informes del Food Monitor Program (FMP) destacan un deterioro sostenido en las condiciones alimentarias en Cuba. La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 reveló que el 33,9 % de los hogares tuvo al menos un miembro que se durmió con hambre en los últimos 30 días (frente al 24,6 % en 2024). Además, el 94,9 % perdió acceso a la compra de alimentos y el 47,1 % sufrió pérdidas significativas o totales en ese acceso.
En ese contexto, el 79,4 % destina la mayor parte de sus ingresos a la alimentación, y un 40,6 % destina el 100 %. El 78 % de la población considera que la crisis actual supera a la del Periodo Especial.
Informes presentados a la ONU responsabilizan a GAESA, que monopoliza divisas, importaciones y cadenas de distribución, impulsando una economía rentista que frena la producción nacional y prioriza las importaciones y la exportación de recursos, agravando la inseguridad alimentaria en Cuba.
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