Declaraciones de Alejandro Ordoñez sobre las medidas de protección y garantías en el proceso de paz
El 12 de noviembre de 2026 se realizó una audiencia centrada en las medidas de protección y garantías de seguridad para los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La audiencia contó con la participación del ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, quien enfatizó que la protección de quienes participan en este proceso es una prioridad para el Gobierno nacional, además de destacar la importancia de verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas.
Compromiso gubernamental con los derechos humanos y la seguridad
Durante su intervención, Ordoñez afirmó que proteger a los comparecientes responde a la obligación de garantizar los derechos humanos, tanto desde la Constitución como del derecho internacional. “Es, además, un imperativo ético, una obligación moral”, dijo. Asimismo, indicó que se fortalecerán los procesos y estudios destinados a determinar quiénes deben ser beneficiarios de los esquemas de seguridad proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Enfoque en la regulación de esquemas de protección y sanciones
En relación con la protección, Ordoñez afirmó que el servicio estatal será dirigido únicamente a quienes realmente lo necesiten. Además, anunció la intención de incrementar las sanciones por irregularidades en la entrega de estos esquemas. “Así sea con sanciones como las establecidas en el ordenamiento jurídico, que en muchos casos resultan insuficientes ante la gravedad de sus delitos y, en ocasiones, tienen un carácter más simbólico”, explicó. El ministro resaltó que el cumplimiento riguroso de estas sanciones es fundamental y que se coordinarán esfuerzos gubernamentales y territoriales para asegurar condiciones de seguridad que permitan a los victimarios cumplir con las actividades comunitarias que se les hayan impuesto.
Críticas a la política de Paz Total y su impacto en la seguridad
Ordoñez también expresó su rechazo al Acuerdo de Paz firmado en 2016, calificándolo como “mal hecho y mal diseñado”. Afirmó que la política de Paz Total, promovida por el gobierno actual, ha contribuido al aumento de cultivos ilícitos de coca y al crecimiento de grupos armados ilegales. Según sus palabras, esta situación dificulta la protección tanto de los firmantes del acuerdo como de las comunidades afectadas.
El funcionario agregó que, en su criterio, la estrategia de Paz Total ha supuesto una disolución de los esfuerzos del Estado en materia de seguridad, lo cual ha derivado en un incremento del poder criminal en las regiones afectadas. Citó datos de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que señala que, hasta julio de 2026, se contaba con más de veintinueve mil integrantes en las filas de estos grupos, cifra que, según estimaciones, está cercana a los niveles que registraron las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su período de máxima presencia.
Problemas en la implementación del acuerdo y sus consecuencias
Ordoñez sostuvo que la implementación del acuerdo de La Habana fue deficiente, lo que ha afectado la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los excombatientes y las comunidades. Aseguró que la raíz de estos problemas radica en los defectos del mismo acuerdo, que califica de mal elaborado, y que ha contribuido a un aumento en la producción de coca y en la presencia de amenazas criminales en el país.
En su análisis, también mencionó la existencia de estructuras armadas y milicias, particularmente las civiliarias bolivarianas, que complican aún más la situación. Para cerrar, enfatizó que la política de Paz Total ha dificultado la implementación efectiva del acuerdo y la protección de los desmovilizados y las comunidades, resaltando que estos obstáculos permanecen en la raíz misma del acuerdo firmado en La Habana.
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