Un suboficial mayor de la Jefatura de Policía de San José fue condenado por la Justicia tras probarse su responsabilidad en reiterados delitos de violencia privada cometidos contra cuatro funcionarias policiales que integraban su equipo de trabajo. El jerarca abusaba de su rango institucional para someter a las víctimas a un sistemático esquema de acoso, intimidación y hostigamiento en distintas dependencias de la unidad departamental.
La investigación de la Fiscalía de San José de 2º turno determinó que el funcionario desplegaba conductas abusivas que incluían acercamientos físicos no consentidos, insistentes proposiciones e insinuaciones de índole sexual, así como constantes comentarios sobre la intimidad de las subordinadas.
Amenazas de traslado y presión jerárquica
El elemento central del mecanismo de coerción se basaba en la autoridad del implicado sobre las asignaciones laborales. El condenado amenazaba de forma directa a las agentes con tramitar sus pases a otras unidades policiales del departamento, advirtiéndoles que en esos nuevos destinos quedarían trabajando a solas bajo su supervisión directa, lo que configuró una clara estrategia de intimidación y violencia psicológica en el ámbito de la función pública.
El proceso investigativo sumó los testimonios de las víctimas y de personal de la Jefatura, además de relevamientos probatorios clave. La intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía junto con el Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de Interpol permitió fundamentar las pericias psicológicas forenses, las cuales ratificaron el severo impacto emocional de las agresiones sobre las cuatro mujeres.
Condena en proceso abreviado y arresto domiciliario
Tras asumir su culpabilidad e integrar un acuerdo de proceso abreviado, la Justicia fijó una condena de 15 meses de prisión como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada en régimen de reiteración real.
Pese a la tipificación del delito, la pena se ejecutará mediante libertad a prueba con régimen de arresto domiciliario total y monitoreo electrónico durante los 15 meses. Asimismo, la sentencia judicial impuso la prohibición absoluta de comunicación y el mantenimiento de un radio de exclusión no menor a 500 metros respecto a las cuatro denunciantes, sumado al cierre de fronteras del imputado durante el plazo de la condena.
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