El comisionado de Juchitán denuncia irregularidades en la nómina municipal y advierte sobre posibles cambios
El comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Francisco Vásquez Jiménez, alertó que podría dejar su cargo si no recibe el respaldo necesario de los gobiernos estatal y federal para continuar con el proceso de depuración de la nómina del Ayuntamiento, tras detectar diversas irregularidades en el número de trabajadores, en los pagos y en la distribución de los recursos públicos.
Situación de la nómina y hallazgos durante la revisión administrativa
En una conferencia de prensa, Vásquez Jiménez explicó que, al tomar posesión de la administración municipal, encontró una nómina compuesta por mil 867 personas, lo cual representaba un gasto mensual aproximado de 17 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que no existían registros claros que permitieran verificar la asistencia de todos los empleados ni las funciones que desempeñaban en las distintas áreas del gobierno local.
Ante esta situación, el comisionado sostuvo que no está dispuesto a mantener prácticas que, desde su perspectiva, comprometen la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “No estoy dispuesto a ser cómplice en absoluto de esta condición irregular”, afirmó durante su encuentro con los medios, en el que también estaban presentes personas que reclamaban pagos pendientes correspondientes a la administración anterior.
Hallazgos y medidas de reorganización en el Ayuntamiento
El funcionario señaló que, durante la revisión administrativa, se identificaron casos que consideró fuera de proporción, como una plaza de afanadora cuyo salario superaba los 10 mil pesos quincenales. También denunció la existencia de personas que presuntamente cobraban recursos del Ayuntamiento para posteriormente repartirlos entre terceros, una práctica que aseguró haber detenido en el marco de las primeras acciones para reorganizar la administración.
Vásquez Jiménez explicó que la situación financiera y administrativa del municipio también está siendo revisada por varias instancias fiscalizadoras. De acuerdo con sus declaraciones, auditorías tanto estatales como federales, así como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Oaxaca, han solicitado información relacionada con el manejo de los recursos públicos y la integración de la nómina municipal.
Por ello, afirmó que su responsabilidad consiste en garantizar la transparencia en el uso del presupuesto y en proporcionar a las autoridades toda la información que requieran, sin negociar la permanencia de trabajadores ni pagos a cambio de respaldo político. “Yo no estoy en campaña, no tengo compromisos con ningún partido”, puntualizó, rechazando cualquier tipo de negociación relacionada con la distribución de los recursos municipales.
Reducción del personal y reorganización administrativa
Como parte de su revisión, Vásquez Jiménez manifestó las dimensiones que alcanzaba la plantilla laboral en varias dependencias del Ayuntamiento. Detalló que la presidencia municipal contaba con alrededor de 197 empleados registrados en nómina, mientras que algunas regidurías tenían hasta 80 trabajadores.
Estas cifras, añadió, motivaron la reorganización de las áreas administrativas y operativas, con el objetivo de reducir gastos y ajustar la plantilla a las necesidades reales de cada dependencia. Entre los cambios anunciados, destacó que la Dirección de Deportes redujo su plantilla de 13 a cuatro trabajadores, y el área de Comunicación Social pasó de 15 a tres empleados.
El comisionado sostuvo que estas modificaciones responden a la necesidad de revisar las funciones de cada trabajador y evitar que el presupuesto municipal se utilice para cubrir plazas cuya actividad no pueda justificarse. Sin embargo, aclaró que estas medidas también se toman en medio de las inconformidades de personas que reclaman pagos pendientes, atribuibles a la administración anterior.
Vásquez Jiménez reiteró que no negociará la situación financiera del municipio mediante acuerdos que carezcan de fundamento administrativo, insistiendo en que el uso del presupuesto debe estar destinado a atender las necesidades de la población y garantizar los servicios públicos, no a sostener compromisos particulares.
Contexto político y designación del comisionado
El ingreso de Francisco Vásquez Jiménez al cargo ocurrió tras una crisis política y de seguridad que llevó a la desaparición de los poderes municipales en Juchitán. El 26 de septiembre de 2026, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lo designó como comisionado municipal provisional después de que el Congreso estatal aprobara la desaparición de los poderes del ayuntamiento.
La decisión se tomó después de que el entonces presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, fuera detenido el 23 de septiembre, bajo acusaciones que incluyen extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado. Ante esta situación, el gobernador solicitó la intervención del Congreso local para garantizar la continuidad de la administración y los servicios públicos en uno de los municipios más importantes de la región del Istmo de Tehuantepec.
El nombramiento de Vásquez Jiménez fue concretado tras ese proceso legislativo, con la encomienda de mantener operativa la administración durante el período de transición. El perfil del funcionario indica que es originario de Juchitán y posee una trayectoria como comunicador, bombero voluntario, paramédico y rescatista. También ha participado durante más de una década en actividades de atención a emergencias y labores comunitarias.
En este contexto, el comisionado advirtió que su permanencia al frente del gobierno municipal dependerá del respaldo que reciba para modificar las condiciones administrativas existentes en el momento de su nombramiento. La reorganización de la nómina y el control del gasto público figuran como temas prioritarios en su administración provisional, por el volumen de recursos que implica el pago mensual a los trabajadores.
Vásquez Jiménez insistió en que el presupuesto municipal debe destinarse a cubrir las necesidades de la población y garantizar la prestación de los servicios públicos, dejando claro que “no es mi dinero, es dinero de los ciudadanos de Juchitán”.
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