Informe de Transparencia por Colombia revela avances y desafíos en la gestión de recursos tras el terremoto en Colombia
El informe titulado «Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de Seguimiento», elaborado por Transparencia por Colombia, detalla el estado de las acciones implementadas para atender las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto en varias regiones del país. A tres meses del evento, el documento destaca varias áreas de insuficiencia en la organización y gestión de los recursos destinados a la reconstrucción.
Falta de manuales y monitoreo público de los recursos
Según el informe, el Fondo Milagro, creado para gestionar los fondos de ayuda, aún no cuenta con publicados sus manuales operativos ni de contratación. Esto imposibilita verificar el funcionamiento del tablero público prometido para el monitoreo de recursos y proyectos, además de que no se han identificado contratos asociados a dicho mecanismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). La organización señala que existen vacíos en la publicidad y trazabilidad de los recursos gestionados, ya que al parecer faltan documentos que definan las reglas del fondo y que los datos públicos disponibles no permiten determinar claramente el destino de los apoyos económicos entregados durante la emergencia.
Proceso de constitución y avance del Fondo Milagro
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público constituyó el patrimonio autónomo el 5 de octubre mediante un contrato de fiducia mercantil con Fiducoldex, la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior. En ese momento, el Gobierno, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, anunció un capital inicial cercano a un billón de pesos. Posteriormente, el gerente del fondo, Jaime Andrés Uribe, informó el 15 de octubre que la partida inicial ascendía a 624.656 millones de pesos, procedentes de un crédito de la banca multilateral.
Asignación de recursos y avances en la emergencia
El 22 de octubre, el gobierno comunicó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) había ejecutado aproximadamente 377.000 millones de pesos en apoyos económicos. Sin embargo, el informe indica que los registros disponibles no permiten determinar claramente los conceptos financiados, las entidades responsables de la ejecución ni los beneficiarios de esos recursos. De igual manera, se evidencian limitaciones en la información sobre el uso y distribución de los fondos, lo que dificulta una evaluación exhaustiva del proceso.
Proyecciones de financiación y afectaciones del terremoto
El Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE), aprobado en octubre, estima que las necesidades de financiación ascienden a 58,29 billones de pesos, más del doble de la cifra inicial estimada de 30 billones. Este plan consolida cerca de 950.000 datos, 94 informes situacionales y más de 100 reuniones técnicas, según la Ungrd. Hasta la fecha, las afectaciones reportadas incluyen 778.281 personas en el Registro Único de Damnificados, 203.301 viviendas dañadas, 51.778 destruidas y 5.309 sedes educativas afectadas, además de 119 decisiones administrativas relacionadas con la emergencia, distribuidas casi en su totalidad entre niveles nacional y territorial.
Financiamiento y mecanismos de contratación
El Decreto 1599 de 2026 autorizó al Ministerio de Hacienda a reorientar saldos públicos no comprometidos hacia el Fondo Milagro, siempre que la destinación legal lo permita y no afecte obligaciones previas. Aunque la norma amplía las opciones de financiamiento, no establece una cifra definitiva de recursos que llegarán al fondo durante 2027. En ese mes, se anunció la entrada de 826.000 millones de pesos del Ministerio de Vivienda para mejoramientos habitacionales y nuevas viviendas en áreas urbanas y rurales. No obstante, Transparencia por Colombia señala que es necesario conocer en detalle la incorporación efectiva de esos fondos, los criterios de distribución territorial, los proyectos específicos y los mecanismos de supervisión.
Solo dos planes territoriales, el de la Gobernación del Valle del Cauca y el de la Alcaldía de Pereira, están disponibles y contienen información sobre objetivos, actividades, responsables y presupuestos, además de un esquema de evaluación de daños. La revisión de los registros en SECOP identificó 1.099 contratos por un valor de 265.088 millones de pesos en 111 municipios de 12 departamentos relacionados con la atención y reconstrucción. La mayoría de estos contratos (97,1%) fueron suscritos por entidades territoriales, en línea con sus responsabilidades frente a la emergencia.
Procedimientos de contratación y transparencia en la gestión de fondos
La contratación directa representó el 84% del total de contratos, por un valor de 227.378 millones de pesos, justificado en un 53% por la necesidad de urgencia manifiesta. El régimen especial aportó el 13,6%, con 27.314 millones de pesos, mientras que el resto correspondió a convenios, mínima cuantía y procesos abreviados. Los recursos propios de alcaldías y gobernaciones financiaron el 59% de los contratos, con otros recursos cubriendo un 18,8%, principalmente a través de contratos con cámaras de comercio para reactivar actividades económicas, y un 6,6% proveniente del Presupuesto General de la Nación.
Transparencia por Colombia advirtió que algunas entidades todavía mantienen procesos en SECOP I, a pesar de que SECOP II permite gestionar procedimientos de forma más eficaz y consultar información en tiempo real. Además, las plataformas no disponen de un identificador común para contratos relacionados con el terremoto, lo que puede dejar incompleto el universo de contrataciones o requerir verificaciones adicionales.
Llamados a mejorar la publicidad y la supervisión de recursos
El informe concluye solicitando la publicación de los manuales aprobados del Fondo Milagro, los planes territoriales pendientes y toda la información relacionada con recursos, criterios de asignación, beneficiarios, proyectos y mecanismos de supervisión. También se recomienda reforzar la transparencia, mediante una publicidad oportuna de los procesos, la verificación de la idoneidad de los proponentes, controles previos y posteriores, así como la implementación de salvaguardas para evitar la concentración excesiva de decisiones. Sin este nivel de información desagregada sobre el uso de los recursos, la reconstrucción continúa enfrentando dificultades para establecer con precisión quiénes ejecutan los fondos, qué intervenciones financian y quiénes son los destinatarios finales del apoyo financiero.
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