El presidente de la República, Yamandú Orsi, revocó la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación para el ejercicio profesional de la anestesista Inés Miralles. Con esta decisión del Poder Ejecutivo, se restablece la sanción original de cinco años impuesta a la médica, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una intervención quirúrgica.
La decisión presidencial deja sin efecto la medida adoptada el 1.° de octubre de 2025 por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en ejercicio de atribuciones delegadas. El nuevo decreto confirma en todos sus términos la Resolución N° 10/2024 de la Comisión de Salud Pública, emitida el 3 de diciembre de 2024.
Fundamentos del decreto y ratificación de la sanción
El documento emitido por la Presidencia fundamenta la revocación en lo informado por la División Jurídica del MSP. La dependencia señaló la existencia de hechos nuevos que obligaron a reconsiderar la flexibilización de la medida.
Entre los elementos determinantes se destaca la Sentencia No. 266/2025, dictada el 18 de diciembre de 2025. Mediante dicha resolución, la Justicia homologó el acuerdo abreviado promovido por la Fiscalía de Flagrancia de 9.° Turno, condando a la doctora Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.
En el texto oficial se concluye que en la reducción de la sanción «se incurrió en exceso de poder» y se enfatiza que «la gravedad de los hechos no admiten reducción alguna».
Antecedentes del caso y reclamo de la familia
El caso derivó en la condena penal de la profesional mediante un proceso abreviado por homicidio culposo. Posteriormente, la decisión de la cartera sanitaria de aminorar el tiempo de inhabilitación de su título profesional generó el rechazo directo de la familia de la víctima.
En junio, el padre de la pediatra fallecida, Néstor Fernando Núñez, entregó una carta dirigida al presidente Orsi cuestionando el actuar del MSP. En el mismo período, la madre de Soledad expresó públicamente su desacuerdo con la medida administrativa, solicitándole a la titular del MSP que considerara la dimensión del dolor familiar frente a la pérdida de su hija.
Por su parte, durante una comparecencia parlamentaria realizada también en junio, la ministra Lustemberg defendió la resolución adoptada en su momento. La jerarca sostuvo que no existió apartamiento de las normas ni intención de favorecer a la profesional sancionada. Asimismo, los informes del MSP argumentaron que el lapso de tres años guardaba relación con los criterios aplicados tradicionalmente por la secretaría de Estado en casos de similar naturaleza.
Repercusiones en el ámbito político
La difusión del decreto presidencial generó inmediatas reacciones en el ámbito político. Tras confirmarse la revocación de la medida del MSP, el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto solicitó la remoción de la ministra de Salud Pública, señalando que la decisión del Poder Ejecutivo deja a la jerarca en una posición compleja al desautorizar lo resuelto por su cartera.
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