Propuesta de los presos políticos venezolanos para abandonar el país
Ante la falta de avances en sus procesos judiciales y de perspectivas de obtener su libertad, algunos presos políticos en Venezuela han planteado la posibilidad de abandonar voluntariamente el nación mediante un acuerdo que permita resolver sus casos y poner fin a su encarcelamiento. La iniciativa, que continúa en discusión, surge en un contexto en el que 322 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, según el más reciente balance del Foro Penal. De ese total, 140 son militares y 182 civiles.
Orígenes y condiciones de la propuesta
Theresly Malavé, directora de la organización Justicia y Proceso, explicó a Martí Noticias que la opción fue propuesta por los propios detenidos, quienes estarían dispuestos a abandonar Venezuela si esa condición facilitaba su liberación. “Son ellos los que proponen: si nosotros significamos una traba o un mal pensamiento respecto a la transición, pues nos vamos inmediatamente”, afirmó la defensora de derechos humanos.
Malavé agregó que algunos presos aceptarían incluso una libertad condicional, siempre y cuando esta estuviera condicionada a su salida definitiva del territorio venezolano. Sin embargo, aclaró que por el momento la propuesta no es un acuerdo formal ni una autorización oficial para que los detenidos abandonen el país.
Casos emblemáticos y obstáculos judiciales
El caso de Juan Carlos Caguaripano y las dificultades judiciales
Uno de los casos que ejemplifica las dificultades existentes en el sistema judicial venezolano es el del capitán Juan Carlos Caguaripano. Actualmente condenado a 30 años de prisión junto con otras 22 personas por los hechos ocurridos en agosto de 2017 en el Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, su proceso ha sido cuestionado por su defensa.
Los abogados denuncian que las condiciones del juicio fueron deficientes y que existen demoras significativas en obtener respuestas que permitan revisar las condenas. “¿Cómo se maneja la justicia en Venezuela? El caso Caguaripano: ninguno sale, todos condenados a 30 años, como efectivamente ocurrió”, expresó Malavé.
La organización sostiene que la falta de respuestas judiciales prolonga la situación de los presos y limita las posibilidades de resolver sus casos mediante los mecanismos judiciales ordinarios, agravando su situación personal.
Condiciones humanas y sociales de los presos y sus familias
Malavé advirtió que la propuesta también busca atender el deterioro de las condiciones de vida de los detenidos y sus allegados. En su opinión, la privación de libertad por motivos políticos tiene efectos que van más allá de las condenas judiciales, afectando gravemente las posibilidades de reintegración social de los presos.
Según la defensora, “No hay condiciones para mantener una gente detenida. Es un aniquilamiento a la persona”. A su juicio, en lugar de facilitar la reinserción social, el encarcelamiento se transforma en un mecanismo de castigo que impacta profundamente en la vida de los internos.
“Aquí significa acabarte, castigarte, antes que los tribunales impongan la pena corporal”, denunció Malavé, subrayando la gravedad de la situación.
Posibles destinos para los presos que acepten abandonar Venezuela
Entre los países mencionados por Malavé como posibles destinos para los presos políticos dispuestos a abandonar Venezuela figuran Costa Rica, Canadá, Portugal, España e Italia. La defensora explicó que algunos de los detenidos poseen doble nacionalidad, lo cual facilitaría los trámites migratorios y su establecimiento en el extranjero.
Malavé expresó confianza en que estos gobiernos estarían dispuestos a acoger a los presos si existiera una apertura por parte de las autoridades venezolanas. “Yo estoy segura de que cuando se haga este planteamiento y haya una apertura por parte del gobierno en ese sentido, los países los van a recibir, porque no estamos hablando de criminales”.
Por ahora, no existen compromisos formales por parte de estos países para participar en algún mecanismo de acogida. La viabilidad de esta propuesta dependerá tanto de las decisiones de las autoridades venezolanas sobre la situación judicial de los detenidos como de los requisitos migratorios y permisos que exijan los países receptores.
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