Campaña informativa para migrantes sin residencia legal en España
El Ministerio de Sanidad ha lanzado este jueves una campaña informativa multilingüe destinada a comunicar a las personas migrantes en situación irregular en España su derecho a acceder a la asistencia sanitaria pública. La iniciativa tiene como objetivo reducir las barreras lingüísticas y facilitar el conocimiento de este derecho fundamental.
Marco normativo y procedimiento de reconocimiento del derecho a la salud
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en marzo regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria pública para las personas extranjeras en España sin residencia legal. La normativa establece un procedimiento uniforme en todo el territorio y contempla la posibilidad de solicitar un documento provisional de acceso mientras se tramita el expediente.
Para facilitar la comprensión del proceso, el Ministerio ha informado sobre cómo acreditar la residencia habitual en España, que puede hacerse mediante el empadronamiento u otros documentos aceptados por la norma en caso de no disponer de él. La campaña, que incluye un spot, ha sido traducida a las lenguas cooficiales del país además del rumano, chino, inglés, francés y árabe.
Procedimiento simplificado y protección prioritaria
El nuevo decreto simplifica los trámites para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se llevará a cabo mediante una declaración responsable. Con este documento, el solicitante declara que no tiene cobertura sanitaria en otra vía, que no puede exportar su derecho desde otro país y que no hay terceros responsables del pago de la asistencia.
Desde el momento de la presentación, que puede realizarse directamente en centros de salud u hospitales cuando acudan a recibir atención, se entregará un documento provisional que otorgará acceso inmediato a la asistencia sanitaria pública en todas las comunidades autónomas. La declaración responsable debe ir acompañada de la acreditación de residencia en España, donde el empadronamiento es el documento preferido, pero se aceptan otros registros como certificados de escolarización, informes de servicios sociales, facturas a nombre del solicitante o documentos de inscripción consular.
Plazos, estabilidad y protección de colectivos vulnerables
La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud; en caso de no responder en ese período, se entenderá estimada por silencio administrativo. Una vez reconocido el condición, el documento de asistencia sanitaria tendrá validez indefinida mientras no se obtenga cobertura por otra vía, garantizando mayor seguridad jurídica y estabilidad del derecho.
El decreto también contempla que las administraciones deberán iniciar el trámite de oficio en casos donde la persona interesada no pueda hacerlo inicialmente, además de garantizar medidas de apoyo y formatos accesibles para personas con discapacidad. Asimismo, una disposición transitoria establece un requisito de residencia mínima de dos años acreditada para acceder a la lista de espera de trasplantes, requisito que se mantendrá hasta la aprobación de una orden de desarrollo pendiente del Real Decreto-ley 7/2018.
Se asignará un código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud (CIP-SNS) a las personas sin residencia legal y a colectivos especialmente protegidos, integrando su información clínica en la historia sanitaria común del sistema. El decreto garantiza además el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria para colectivos vulnerables como menores de edad, mujeres embarazadas y víctimas de violencia de género, violencias sexuales y trata de seres humanos. También se reconoce el derecho a la sanidad pública para solicitantes de protección internacional o temporal, y se establecerán mecanismos para que las personas con discapacidad puedan realizar sus trámites en igualdad de condiciones.
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