Aprobación de la Ley de Sometimiento genera opiniones encontradas en el Congreso
La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley de Sometimiento ha generado una notable polarización entre los legisladores, con opiniones divididas respecto a sus contenidos y procedimientos. Mientras algunos celebran la decisión, otros anuncian acciones legales y expresan preocupaciones sobre sus implicaciones, especialmente en relación con la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Reacciones políticas y el cierre de una etapa en la política de paz
El presidente Abelardo de la Espriella expresó su satisfacción por la aprobación, congratulándose con el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el Congreso por avanzar en la iniciativa. A través de un mensaje en redes sociales, manifestó que «¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!» y agradeció el esfuerzo conjunto. De la Espriella afirmó que con este paso, se marca el fin de la fase de paz total, en la que aseguró que el Gobierno había fracasado en su política de seguridad.
En su intervención, también aseguró que su administración seguirá trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Además, apuntó que «la falsa paz total llegó a su fin», en referencia a las expectativas que, a su juicio, no se han cumplido.
Aspectos destacados y respaldo en el Congreso
Uno de los defensores más entusiastas de la norma fue Daniel Felipe Briceño Montes, representante a la Cámara por Bogotá y coordinador ponente del proyecto. Este legislador resaltó cuatro elementos clave de la ley: el fin de las mesas de negociación con grupos armados, la eliminación de los gestores de paz, la prohibición de suspender órdenes de captura y extradiciones, además de las disposiciones para la protección de menores de edad. Briceño puntualizó que la ley no contempla beneficios para quienes hayan participado en el reclutamiento infantil.
Por otro lado, Luis Miguel López Aristizábal, representante por Antioquia, afirmó que con la ley se establece que los miembros de organizaciones criminales deben someterse a la justicia y no obtener beneficios políticos. El legislador criticó la política de paz del Gobierno anterior, señalando que ha habido un aumento en la cantidad de integrantes de grupos armados, masacres, secuestros, reclutamiento de menores y extorsiones.
Similar entusiasmo expresó Simón Molina Gómez, representante por Antioquia y vicepresidente de la Cámara, quien destacó los mecanismos de verificación individual, la exclusión del reconocimiento de estatus político y la imposibilidad de suspender órdenes de captura o extradiciones. Molina resaltó también que los beneficios están condicionados a controles judiciales y pueden ser revocados, e incluyen exigencias como el desarme, la entrega de bienes y información sobre menores reclutados, secuestrados, desaparecidos y minas antipersona.
Críticas, preocupaciones y acciones legales
En contraste, Gabriel “Gabo” Becerra Yáñez, representante a la Cámara por Bogotá, anunció que su bancada y él mismo participarán en una demanda ante la Corte Constitucional una vez la ley sea sancionada. Becerra cuestionó la forma en que se desarrolló la discusión legislativa, señalando que el proceso careció de garantías suficientes, ya que en la plenaria se sometió a votación el informe de ponencia sin que sus autores lo presentaran formalmente y sin una discusión adecuada.
El congresista también expresó preocupaciones respecto a los beneficios judiciales previstos para personas vinculadas al lavado de recursos del narcotráfico y testaferros. Criticó que, tras tres años, estas personas puedan solicitar suspensión de penas bajo determinadas condiciones, y señaló que la iniciativa elimina referencias explícitas a nexos políticos en la valoración de los procesos de sometimiento y libertad condicional. Igualmente, alertó sobre el procedimiento para compulsar copias en casos en los que individuos señalen a políticos o funcionarios por protección a organizaciones criminales, advirtiendo que el requisito de una condena previa podría obstaculizar investigaciones.
Controversias sobre calificación de organizaciones y protestas sociales
Becerra también expresó inquietudes respecto a la posible clasificación de organizaciones como terroristas, argumentando que el proyecto podría permitir tal clasificación si sus actividades comprometen la seguridad o alteran la convivencia pacífica, afectando potencialmente las movilizaciones sociales, como marchas y paros campesinos. La oposición a esta disposición fue compartida por otras voces en el Congreso.
Entre ellas, Andrea Camila Vargas, representante por el Atlántico, denunció cambios en el artículo 2 durante la fase final de discusión. La legisladora señaló que horas antes se aprobó un parágrafo destinado a proteger la protesta social, pero que posteriormente, en la medianoche, se solicitó reabrir la discusión y la eliminación de esa protección. Vargas criticó que la definición de organizaciones terroristas quede en manos del Ejecutivo y reiteró la importancia de salvaguardar las movilizaciones pacíficas.
Debates sobre los procedimientos legislativos y las garantías
Jaime Raúl Salamanca Torres, representante por Boyacá, reconoció que el Gobierno logró la aprobación del proyecto tras varias sesiones y más de quince horas de debate en el último día de plenaria. Destacó aspectos positivos, como la disposición de una pena mínima de diez años para los cabecillas y la inclusión de financiadores y políticos en el alcance de la ley. Sin embargo, expresó preocupación por la posible vulneración de derechos relacionados con la protesta social y el reclutamiento de menores, además de señalar posibles vicios de procedimiento que deberán ser revisados por la Corte Constitucional.
Salamanca indicó que votó en contra del proyecto, manteniendo su postura de ejercer control político desde su independencia, y reiteró la necesidad de supervisar las implicaciones de la ley para garantizar los derechos fundamentales y la protección de las víctimas.
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