Aneda advierte sobre riesgos en la regulación de alimentos en centros públicos
La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) solicitó este sábado la revisión del reciente real decreto sobre alimentación saludable. La organización alertó sobre las posibles consecuencias negativas que podría tener en el sector, incluyendo la pérdida de aproximadamente 2.000 empleos y una disminución en los cánones anuales en hospitales y centros sanitarios de unos 18 millones de euros.
Impacto económico y social de la aplicación estricta de la norma
Según cálculos del sector, las ventas automáticas en instituciones públicas aportan cerca de 60 millones de euros en cánones cada año. Sin embargo, la aplicación «estricta» del decreto podría reducir estas cifras en 18 millones anuales, de los cuales ocho millones provendrían de hospitales y centros sociosanitarios. La organización advirtió que esta medida pondría en riesgo entorno a 2.000 empleos, tanto directos como indirectos, en un contexto donde el sector considera que una mayor disponibilidad de máquinas expendedoras contribuye a ofrecer opciones de alimentación en horarios y lugares donde otros servicios no están operativos.
Cuestionamientos jurídicos y llamadas al diálogo
Aneda expresó que comparte el objetivo de promover una alimentación más saludable, pero criticó que el texto presenta «problemas jurídicos» y no ha evaluado adecuadamente el impacto sobre autónomos y pequeñas empresas. La organización solicitó al Gobierno que no apruebe de manera precipitada el real decreto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y la Agenda 2030, cuya aprobación en el Consejo de Ministros podría ocurrir en las próximas fechas.
La directora general de Aneda, Yolanda Carabante, afirmó que «una norma aprobada con prisas y con problemas jurídicos no va a mejorar la salud de nadie» y advierte que su implementación podría generar litigios, máquinas vacías y una reducción en el servicio para quienes más lo necesitan. La organización ha presentado soluciones técnicas para modificar el texto y garantizar que la normativa sea «viable».
Dificultades en la implementación y propuesta de soluciones técnicas
La asociación señaló que en muchos centros hospitalarios, residencias y espacios públicos, las máquinas expendedoras son el único recurso disponible para alimentación en horarios nocturnos o durante fines de semana, además de cuando las cafeterías están cerradas. Estas máquinas cumplen una función complementaria, distinta de la alimentación planificada para pacientes y residentes, por lo que su consideración en la normativa debe ser evaluada con precisión.
Asimismo, criticó la intensidad de las restricciones impuestas, las cuales consideran “especialmente difíciles de aplicar” en un servicio que no funciona como un comedor colectivo. Aneda argumenta que las nuevas exigencias deben ser compatibles con el parque de máquinas existente, sin requerir cambios excesivos en infraestructura o surtido, cuya adaptación implicaría costos sustanciales, especialmente para autónomos y pequeñas empresas con limitada capacidad financiera.
La organización también alertó sobre la posible inviabilidad de muchos puntos de venta si se obliga a surtidos que no corresponden a la demanda real, lo que podría vaciar máquinas y desincentivar concursos públicos. Aneda ha remitido una nota técnica a varios ministerios con propuestas concretas para resolver estos problemas, incluyendo la ampliación a 24 meses del plazo para la adaptación de las máquinas y la protección de los contratos vigentes.
Reacciones oficiales y situación del proceso legislativo
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, resaltó que el real decreto representa probablemente la medida más importante aún pendiente de aprobar en su departamento. Reconoció que la normativa ha enfrentado resistencia por parte de ciertos «lobbys» que se oponen a su aprobación, pero insistió en que el texto ya está listo para su aprobación y forma parte de la agenda del ejecutivo.
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