El transporte internacional de carga en Centroamérica enfrenta un escenario de creciente inseguridad a su paso por Costa Rica. Según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recopilados por medios especializados, las bandas delictivas robaron al menos 156 cargamentos durante 2025 —un promedio de tres camiones por semana— y hasta julio de 2026 ya contabilizaban 71 asaltos en las rutas nacionales.
La acumulación de delitos en la última década supera los 1.300 vehículos de carga afectados, concentrándose la problemática en dos corredores viales estratégicos que conectan las fronteras y los puertos del Pacífico y el Caribe con Panamá, Nicaragua y Honduras.
Secuestros, violencia y mercancías de alto valor
Los grupos criminales han fijado su objetivo en camiones que trasladan mercadería valuada entre 100.000 y 500.000 dólares, compuesta principalmente por indumentaria, electrodomésticos, productos de electrónica, licores y neumáticos, debido a su rápida colocación en el mercado informal.
El modus operandi combina interceptaciones armadas en plena ruta, agresiones a los conductores y secuestros temporales dentro de las propias cabinas de los vehículos mientras las bandas concretan la sustracción de la carga. Esta dinámica se ha cobrado la vida de choferes tras recibir disparos en la cabeza o el cuerpo durante los asaltos. Asimismo, las organizaciones delictivas emplean inhibidores de señal para bloquear los dispositivos GPS de los contenedores.
Costos en aumento y cambios en las rutas comerciales
La escalada de violencia ha tenido un impacto económico directo en el sector logístico. Contratar custodia armada privada puede incrementar hasta un 25% el costo de traslado por contenedor, elevando las tarifas de 2.000 a 2.500 dólares por viaje. Aquellos transportistas que evitan circular durante las noches deben asumir demoras operativas que extienden los viajes entre Panamá y Guatemala de cuatro a seis días.
Ante esta situación, algunas empresas exportadoras de la Zona Libre de Colón comenzaron a modificar sus esquemas logísticos, optando por el transporte marítimo directo hacia puertos de Honduras y Guatemala para evitar el tránsito terrestre por territorio costarricense.
Respuesta institucional y reclamos del sector privado
Frente a la presión de las cámaras empresariales, el OIJ ejecutó en octubre de 2026 un operativo masivo que incluyó 80 allanamientos simultáneos y la detención de 31 personas vinculadas a una estructura dedicada al robo de contenedores con pérdidas estimadas en 1,5 millones de dólares. Por su parte, el Ministerio de Hacienda reportó un incremento del 58% en los decomisos de mercadería irregular entre mayo y julio de este año.
A pesar de estas intervenciones, las autoridades policiales y las gremiales de transporte coinciden en que la respuesta requiere de una coordinación integral que incluya el intercambio de inteligencia y mayores controles en los pasos fronterizos y corredores logísticos más vulnerables.
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