Gobierno presenta proyecto de Ley de Rescate Económico para reducir el déficit fiscal

Radicación y contenido de la iniciativa

El Congreso de la República recibió este jueves 29 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Rescate Económico, una propuesta de 123 páginas que busca reducir en aproximadamente 40 billones de pesos el gasto público durante 2027. La iniciativa, que corresponde a la segunda fase del plan de ajuste del Ejecutivo, llegó en un contexto de decisiones presupuestales anteriores y con la finalidad de abordar el déficit fiscal proyectado para cerrar el año en unos 144 billones de pesos, según las estimaciones del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Este proyecto fue esperado inicialmente en agosto y ha generado diversas reacciones entre congresistas, concejales, exfuncionarios y distintos sectores sociales. La iniciativa contempla medidas orientadas no solo al control del gasto, sino también a la promoción de la inversión y la generación de empleo, en línea con la estrategia económica del gobierno.

Declaraciones críticas y apoyo político

Al momento de la radicación, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo énfasis en la situación heredada del gobierno anterior, criticando la gestión económica del expresidente Gustavo Petro. Restrepo afirmó que «el gobierno anterior dejó una bomba de tiempo, una que estallaría en 2027 si no tomamos medidas», y agregó que «de cada tres pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se destina a pagar intereses de la deuda pública». Según explicó, el 70% del esfuerzo fiscal propuesto recaerá sobre el Estado, mientras que el 30% restante será cubierto por aportes de los sectores con mayores ingresos.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, expresó que el proyecto es «la piedra angular para recuperar la economía», destacando que su objetivo no se limita a la austeridad, sino que también busca estimular la inversión y el empleo en el país.

Principales medidas del proyecto

Entre las principales acciones que contempla la propuesta se encuentran una reducción del 50% en los gastos derivados de contratos de prestación de servicios para 2027 y una disminución del 20% en los gastos salariales de las entidades del Presupuesto General de la Nación para 2028, con excepción de las fuerzas armadas. Asimismo, se proyecta un ahorro estatal estimado en 44,6 billones de pesos para el próximo año.

Adicionalmente, la iniciativa plantea reducir la tarifa del impuesto de renta empresarial del 35% al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028. También se establecerán protecciones específicas para recursos destinados a salud, educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas y el cumplimiento de sentencias judiciales.

Para contrarrestar los efectos del cambio en la aplicación del IVA, se propone la implementación de un sistema de devolución denominado EfectIVA, dirigido a hogares de menores ingresos, con un beneficio promedio de 213.000 pesos mensuales y un pago anticipado previsto para el 20 de diciembre de 2027.

Reacciones políticas y sociales

Partidos y representantes políticos expresaron su apoyo y reserva respecto a la iniciativa. La senadora Hilda Gutiérrez, del Centro Democrático, elogió en la red social X que el proyecto incluya «medidas concretas de austeridad, alivio tributario y protección a los hogares vulnerables». Destacó especialmente los recortes en contratos de prestación de servicios y la reducción salarial proyectada para 2028.

El representante Christian Garcés, también del oficialismo, respaldó en sus redes el proyecto y afirmó que su bancada apoya “la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para fusionar o eliminar ministerios y entidades, y la baja en la tarifa del impuesto de renta a las sociedades”. Además, subrayó que las medidas buscan “proteger el empleo y garantizar la productividad”.

En contraste, figuras de la oposición manifestaron preocupaciones profundas. El concejal Oscar Benavides calificó la iniciativa como una «reforma tributaria encubierta», acusando al gobierno de buscar «rescatar los privilegios de los ricos y sus amigos». También expresó su intención de defender «al pueblo de la arremetida económica» tanto en el Congreso como en las calles.

La concejal Heidy Sánchez Barreto, por Bogotá, criticó la propuesta que grava las compras en plataformas internacionales, argumentando que, a pesar de buscar proteger la industria local, los impuestos al consumo mantienen un carácter regresivo y benefician a los sectores de mayores ingresos.

Preocupaciones sobre facultades extraordinarias y el impacto en el agro

Una de las disposiciones más polémicas del proyecto es el artículo 7, que otorga al Gobierno facultades extraordinarias para crear, fusionar o suprimir ministerios y entidades públicas sin necesidad de seguir el proceso legislativo convencional. La representante Isabel Vera, del Pacto Histórico, alertó que esta medida representa un «poder absoluto» que podría desembocar en el desmantelamiento de instituciones clave, saltándose los procedimientos constitucionales.

En el plano técnico, el representante Carlos Meisel explicó que el proyecto está estructurado en 11 temas sobre gasto, 13 sobre impuestos y 6 de trámite sin impacto fiscal directo, y afirmó estar preparado para iniciar el análisis con una jornada de estudio exhaustivo antes de su discusión formal en el Congreso.

El exministro Andrés Valencia, experto en temas agrícolas, advirtió que de aprobarse sin modificaciones, el proyecto tendría un impacto negativo en el sector agropecuario, pues eliminaría la tarifa diferencial del 5% en insumos esenciales, los cuales pasarían a tributar al 19% en 2028, incrementando los costos de producción y generando posibles efectos inflacionarios debido a la alta estacionalidad de muchas cosechas.

Valencia también resaltó que productos frescos, como frutas, verduras, granos, café y cacao, que actualmente están exentos del IVA, quedarían gravados en un 19%, lo que impactaría en los precios y en la cadena productiva, presionando los costos de insumos como fertilizantes y maquinaria y potenciando la informalidad y el contrabando.

Expectativas de debate y aprobación

El proceso legislativo apenas inicia y las bancadas de gobierno y oposición advierten que la discusión será extensa, abordando temas como los recortes en gasto público, las reformas tributarias, la constitucionalidad de las facultades extraordinarias y el impacto en sectores estratégicos como el agro y la salud. La definición de los artículos finales del proyecto y su posible modificación dependerá del amplio debate que se espera en las próximas semanas en el Congreso.