Operativos contra la minería ilegal en Córdoba y Sucre: capturas, destrucción de equipos y afectación a las finanzas del Clan del Golfo
Las fuerzas de seguridad colombianas llevaron a cabo una serie de operaciones en los municipios de Tierralta, en Córdoba, y Morroa, en Sucre, con el objetivo de reducir las actividades de minería ilegal y afectar las finanzas del grupo armado organizado Clan del Golfo.
Desarrollo de las operaciones y participación de las fuerzas públicas
Estas acciones fueron ejecutadas con la participación conjunta del Batallón de Infantería de Marina No. 14, el Batallón de Infantería No. 33 “Junín” del Ejército Nacional, los Carabineros de la Policía Nacional y en uno de los casos, con la colaboración de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los procedimientos dejaron como resultado ocho personas detenidas y la destrucción de seis unidades de producción minera, además de la inmovilización de dos máquinas amarillas, conocidas comúnmente como maquinaria pesada utilizada en actividades mineras.
Incidentes y detalles de las operaciones en Tierralta y Morroa
El primer operativo tuvo lugar en el corregimiento Volador, en el municipio de Tierralta, Córdoba. Allí, las fuerzas militares lograron la captura en flagrancia de dos personas y localizaron seis unidades de producción minera que, según reportes oficiales, operaban sin los permisos necesarios. Las estructuras fueron destruidas de manera controlada, con el fin de reducir la capacidad operativa de la subestructura conocida como Javier Yepes Cantero, vinculada al Clan del Golfo y activa en la región. La minería ilegal representa una fuente significativa de recursos para organizaciones armadas y redes criminales involucradas en la extracción, transporte y venta ilícita de minerales, aunque las autoridades no especificaron qué tipo de mineral se extraía ni el valor de la infraestructura intervenida.
En el corregimiento, también en Tierralta, las autoridades destacaron que la operación busca disminuir la influencia de las estructuras armadas en esa zona, que además de afectar la seguridad de las comunidades, generan daños ambientales considerables en los recursos naturales locales.
Por otra parte, en Morroa, Sucre, un operativo conjunto en el que participaron la Infantería de Marina, el Ejército y la Policía, permitió la captura de seis personas y la inmovilización de dos unidades de maquinaria pesada, empleadas presuntamente en explotación ilícita de minerales. La Fuerza Naval del Caribe informó que los arrestados también estarían vinculados con el Clan del Golfo, relación que deberá confirmarse en los procesos judiciales correspondientes. Como en el caso anterior, la maquinaria se utilizaba para remover tierra, modificar cauces de ríos, abrir accesos y extraer materiales del subsuelo, actividades que, sin la autorización ambiental y minera correspondiente, pueden causar daños irreparables en suelos, fuentes hídricas y ecosistemas cercanos.
Las autoridades no revelaron detalles específicos sobre la capacidad de las máquinas inmovilizadas en Morroa, ni si fueron hallados insumos, combustible, armas u otros elementos relacionados con la minería ilícita durante la operación.
Impacto ambiental y lucha contra las finanzas del grupo armado
Estas acciones forman parte de una estrategia coordinada de las fuerzas de seguridad para limitar las actividades económicas ilícitas vinculadas al Clan del Golfo en la región del Caribe colombiano. La explotación ilegal de minerales, según las autoridades, permite a dichas organizaciones obtener recursos que sustentan sus estructuras criminales en diversas zonas del país.
En total, las operaciones en Córdoba y Sucre lograron destruir ocho unidades de producción minera y seis motores—valorados en más de cien millones de pesos—en un esfuerzo continuo por desmantelar estas economías ilegales.
Operaciones recientes y contexto regional
Estos operativos en Córdoba y Sucre llegaron tres días después de otra intervención significativa en Chocó, donde el 26 de octubre se inutilizaron ocho dragas artesanales y seis motores en una zona rural de Quibdó, en la subregión del Atrato. En esa intervención no se reportaron capturas, pero las estructuras destruidas tenían una capacidad estimada de producción mensual de aproximadamente 12.000 gramos de oro, lo que generaría recursos superiores a los 4.800 millones de pesos mensuales según cálculos oficiales.
Las dragas utilizadas en Chocó estaban destinadas a remover sedimentos para la extracción ilícita de oro, práctica que, además de ser enriquecedora para las organizaciones criminales, representa un riesgo ecológico al contaminar ríos y quebradas, deteriorar suelos y alterar ecosistemas vitales para las comunidades rurales dependientes de estos recursos.
Con estas recientes capturas en Tierralta y Morroa, la Brigada de Infantería de Marina No. 1 mantiene su compromiso de continuar con operaciones conjuntas junto a las Fuerzas Armadas, Policía y la Fiscalía, para intervenir infraestructuras y equipos vinculados con la minería ilegal en toda la región del Caribe, reforzando así la lucha contra las actividades criminales que afectan la seguridad y sostenibilidad ambiental en la zona.
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