La presencia militar de El Salvador en territorio haitiano se convirtió en el centro de cuestionamientos por parte de expertos internacionales y analistas en seguridad. Según datos confirmados por fuentes oficiales y medios locales, la cantidad de soldados salvadoreños desplegados en el país caribeño ya supera los 1.300 efectivos, rebasando los números de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), que cuenta con cerca de 1.000 elementos procedentes de siete naciones bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El incremento de tropas fue ordenado el pasado 22 de octubre por el presidente Nayib Bukele, bajo el argumento de iniciar un operativo de búsqueda y rescate enfocado en dar con el paradero de cuatro aerotécnicos desaparecidos desde el 18 de octubre, fecha en la que el vehículo blindado en el que se trasladaban fue atacado por organizaciones criminales armadas. Sin embargo, la magnitud del despliegue abrió un intenso debate sobre los límites de la misión.
Vacíos legales y riesgos sobre los derechos humanos
Sandra Pellegrini, líder para Latinoamérica del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), advirtió sobre la incertidumbre jurídica que rodea el accionar de las tropas salvadoreñas al operar de forma paralela a los mecanismos internacionales establecidos. Según la especialista, esta dinámica plantea interrogantes sobre el respeto al derecho internacional humanitario, la rendición de cuentas y la coordinación con fuerzas privadas que acumulan denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales.
En la misma línea, el general retirado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) José Édgar Campos señaló durante una entrevista televisiva que el movimiento militar genera un conflicto normativo tanto a nivel nacional como internacional. Campos enfatizó que el país no posee el margen diplomático de las grandes potencias para operar al margen de las reglas multilaterales y cuestionó la viabilidad temporal del operativo en caso de no hallar a los uniformados desaparecidos.
Llamados a revisar el mandato de la ONU
Analistas consultados por medios locales recordaron que, bajo los principios del Derecho Internacional, cualquier instrumento de cooperación se vulnera si las partes involucradas actúan por fuera de sus marcos regulatorios. Corresponderá tanto a las autoridades de Haití como a la ONU determinar si el actual despliegue de la FAES transgrede o no el mandato original de la misión internacional de seguridad.
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