Propuesta gubernamental para modificar el proceso de selección de directores regionales en entidades públicas
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado una iniciativa que pretende cambiar los procedimientos para designar a los directores regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). La propuesta, contenida en un borrador de decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública, busca eliminar la obligación de realizar concursos públicos de mérito como requisito para conformar las ternas de candidatos a estos cargos.
Cambios en el proceso de selección
Según el borrador, los representantes legales de cada entidad serían responsables de elaborar las propuestas de ternas que posteriormente se someterían a la consideración de los gobernadores, sin la necesidad de realizar convocatorias públicas, pruebas de conocimientos o evaluaciones de antecedentes mediante universidades u organismos especializados. La iniciativa no elimina los requisitos mínimos de formación y experiencia, pero sí modifica la forma en que los candidatos son considerados.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de dar por terminados los concursos ya en marcha cuando existan razones administrativas, presupuestales o financieras que justifiquen esa decisión. La memoria justificativa del borrador argumenta que la obligación de convocar concursos tiene su origen en reglamentaciones anteriores y no está explicitamente establecida en la Constitución ni en la Ley 489 de 1998. De acuerdo con el documento, esta disposición fue agregada mediante reglamentos previos, como el Decreto 1972 de 2002, y podría ser modificada por un nuevo decreto.
Justificación y argumentos del gobierno
Desde la perspectiva del Gobierno, la naturaleza de las direcciones regionales, consideradas empleos de libre nombramiento y remoción, permite que su selección sea más flexible. La Función Pública sostiene que exigir concursos obligatorios limita la discrecionalidad de los responsables en cargos que requieren funciones directivas y de confianza. Además, la propuesta intenta reducir costos administrativos, disminuir los tiempos en los procesos de nombramiento y evitar reclamaciones judiciales derivadas de los procedimientos de selección.
El borrador señala que, en caso de que los concursos públicos ya iniciados representen dificultades, los responsables de las entidades podrían justificarlos y concluir los procesos de selección, siempre que exista una justificación válida basada en restricciones administrativas, presupuestales o financieras. La medida no busca la cancelación automática de todas las convocatorias en curso, sino ofrecer un marco que permita su finalización bajo circunstancias específicas.
Nuevo marco para la conformación de ternas y plazos de nombramiento
La propuesta mantiene los plazos para la toma de decisiones: ocho días naturales en jurisdicciones que cubren un solo departamento y quince días hábiles cuando se abarcan múltiples departamentos. Si estos plazos vencen sin que se haya tomado una decisión, el gobernador o la autoridad correspondiente podrá nombrar directamente a uno de los candidatos de la terna, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los manuales de funciones de cada entidad.
Aunque el mecanismo de selección cambiaría desde su proceso de convocatoria, los candidatos aún deben cumplir con los requisitos de formación y experiencia. La iniciativa también mantiene la facultad de los gobernadores para escoger directamente a los directores regionales en caso de que se disponga la finalización de los procesos en curso.
Procedimiento y participación ciudadana en la aprobación
El borrador del decreto estará abierto a comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026, antes de avanzar en su trámite para su posible promulgación. La propuesta contempla que las entidades públicas del orden nacional, como el Sena, el ICBF y el Invías, puedan aplicar las nuevas disposiciones en sus procesos de selección de directores regionales, siempre que se adopte formalmente mediante la normativa definitiva.
Es importante destacar que, por ahora, se trata de un borrador. La eliminación definitiva de los concursos de mérito dependerá de que la propuesta complete todas las fases del trámite legislativo y sea expedida como una norma oficial.
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