La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció en la tarde de este viernes 23 de octubre el inicio de una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto uso indebido de recursos públicos. La medida se tomó después de que se difundieron señalamientos relacionados con contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del organismo electoral. La pesquisa fue dada a conocer únicamente un día después de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondiera públicamente a dichas acusaciones, calificándolas de infundadas.
Contexto de las acusaciones y respuestas iniciales
Los señalamientos apuntan a un posible esquema de contrataciones multimillonarias a favor de empresas dedicadas a la producción de papelería electoral, tales como papel de seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. Además, se mencionan presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y estos proveedores, lo cual sugeriría posibles conflictos de interés. Entre las exfuncionarias implicadas se señaló a una persona identificada como presunto chofer personal de Guadalupe Taddei, acusación que fue negada por la propia consejera presidenta del organismo electoral.
También se cuestiona si algunos exfuncionarios del INE declararon con veracidad en sus declaraciones patrimoniales, en las que negaron tener participación en empresas relacionadas con los contratos investigados.
Involucramiento del gobierno y acciones de la ASF
El caso había llegado a la atención de la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tres días antes del anuncio oficial de la ASF, específicamente el martes 20 de octubre. En esa ocasión, la mandataria informó que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo una inspección a la institución para verificar si se habían utilizado recursos públicos de manera indebida. La ASF declaró que su revisión no se limitaría únicamente al INE, sino que también incluiría a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), además de empresas, servidores públicos y proveedores relacionados con las acusaciones.
En un comunicado, la ASF informó que ya poseía elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Sin embargo, no especificó cuáles eran las contrataciones ni los nombres involucrados. La institución justificó su actuación invocando “las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación” y aseguró que su proceder sería “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”. La declaración finalizó con la consigna institucional: “¡Un México sin corrupción, es posible!”.
La Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara de Diputados, tiene la tarea de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, revisando las dependencias, entidades y cualquier ente que administre fondos federales. Dicha revisión busca detectar irregularidades, daños al erario y posibles responsabilidades administrativas o penales, pudiendo remitir sus hallazgos a la Fiscalía General de la República para la eventual aparición de cargos penales.
Declaraciones de Guadalupe Taddei y percepción pública
En una entrevista con IMER Noticias realizada la mañana del viernes 23 de octubre, horas antes del comunicado de la ASF, Guadalupe Taddei afirmó que la intensidad de las publicaciones en su contra “tiene un objetivo estrictamente político”. Afirmó que dichas notas buscan “que el instituto salga y responda” y añadió que ella misma había solicitado la participación de la ASF para que informe sobre el estado de los procesos administrativos del INE. La consejera presidenta aseguró que existe un intento de “desestabilizar a la institución” y “restarle credibilidad” en medio del actual proceso electoral 2026-2027. Señaló que los partidos políticos no ganan las elecciones con estas batallas internas, sino en el campo, persuadiendo a la población, y expresó su confianza en que los resultados de la auditoría serán “favorables a la confianza que debemos de tener en el uso de los recursos”.
Taddei calificó como “fallido” el intento de desacreditar al instituto y afirmó que la estructura del INE “es muy firme”. Además, resaltó que el organismo está sometido a revisiones permanentes desde su creación, y que este tipo de supervisión forma parte de su funcionamiento cotidiano, independientemente de la controversia en curso.
Dos días antes del anuncio por parte de la ASF, el martes 21 de octubre, Guadalupe Taddei presentó a los medios un mensaje en el que explicó que las personas mencionadas en las publicaciones relacionadas con contrataciones irregulares y posibles conflictos de interés ya no formaban parte del organismo. También confirmó que el Órgano Interno de Control (OIC) había recibido los antecedentes del caso para determinar si existieron omisiones o declaraciones falsas.
La revisión de los expedientes busca establecer si existieron conflictos de interés o responsabilidades administrativas. Entre las personas señaladas se encuentran Jonathan Navarrete Torres, identificado como presunto chofer de Taddei y quien, según la revista Reforma, recibió un poder general para pleitos y cobranzas de la empresa Corporativo Zeg el 28 de junio de 2023, y Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE, quien dejó el cargo en abril pasado tras cuestionamientos por conflicto de interés y que previamente fue representante legal de la misma empresa. Taddei aclaró que el trabajo de Navarrete no fue el de chófer oficial, negando la versión que le atribuyen, y precisó que el trabajador estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia del INE, pero sin desempeñar funciones de chofer.
La consejera presidenta sostuvo que su postura se fundamenta en los expedientes laborales y en las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por los servidores públicos implicados. Según estos documentos, las personas señaladas declararon no tener vínculos de participación en empresas, sociedades o asociaciones relacionadas con los proveedores cuestionados. Subrayó que dichas declaraciones son responsabilidad individual de cada funcionario y que correspondía al OIC determinar si la información proporcionada fue completa y veraz.
Asimismo, Taddei rechazó tener proveedores favoritos y aseguró que las empresas cuestionadas, como Corporativo Zeg y Cajas Graf, ya proveían bienes y servicios al INE antes de su llegada en abril de 2023. Puso a disposición las autoridades fiscalizadoras de toda la información que tenga sobre las contrataciones y se comprometió a colaborar “sin interferir” en la investigación en curso.
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