Desafío fiscal persiste tras aprobación del Presupuesto Nacional 2027 de $634,9B

El Congreso de la República de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos, luego de una jornada que se extendió hasta la madrugada del martes 20 de octubre de 2026. Por un lado, el Senado de la República lo avaló con 57 votos a favor, mientras que la Cámara de Representantes aprobó el mismo texto con 112 votos favorables, lo que evitó una conciliación y abrió el camino para la sanción presidencial.

Aprobación del presupuesto y respuesta del Ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el resultado como una señal para la política económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella, marcando la primera victoria del Ejecutivo en la rama legislativa. Tras la votación, sostuvo que el respaldo del Legislativo es «el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad». También describió el trámite como uno de los más complejos que ha enfrentado el Congreso.

Distribución del presupuesto y ajustes significativos

El jefe de cartera argumentó que las cuentas recogen el desequilibrio entre los ingresos y los compromisos del Estado. Según sus cálculos, la Nación recauda en promedio 29 billones de pesos mensuales y gasta cerca de 40 billones de pesos. Gómez situó la deuda pública en 1.174 billones de pesos y defendió un programa de austeridad ante un presupuesto que, a su juicio, supera la capacidad de financiamiento del país. La distribución final concentra 393,25 billones de pesos en funcionamiento, cubriendo gastos como nómina, transferencias y obligaciones recurrentes del Estado. Otros 147,07 billones de pesos irán al servicio de la deuda, mientras que 94,63 billones se destinarán a inversión. La reducción de 8,36 billones en el pago de deuda frente a la propuesta inicial permitió ampliar partidas de inversión y funcionamiento.

Desafíos de sostenibilidad fiscal y críticas en el Congreso

A pesar del visto bueno del legislativo, uno de los principales desafíos del presupuesto es su sostenibilidad fiscal. El Gobierno prevé un ajuste equivalente al 2,2% del producto interno bruto (PIB) mediante una ley de rescate económico. Sin embargo, esta propuesta aún no ha sido presentada por el Ejecutivo. Esa iniciativa, según lo expuesto por Gómez en el Congreso, buscaría reducir gastos de funcionamiento e incluir medidas tributarias. Los congresistas reclamaron que el Ejecutivo defina pronto el contenido y el alcance de ese plan. El programa de austeridad incluido en el proyecto prevé priorizar recortes en contratos de prestación de servicios, viáticos, eventos y publicidad. Sin embargo, una parte amplia del gasto está comprometida: el funcionamiento representa cerca del 62% del total y la deuda equivale a alrededor del 23%, lo que limita el margen para reasignar recursos sin afectar obligaciones estatales o programas vigentes.

Contexto económico y situación post-terremoto

La discusión presupuestal comenzó el 29 de julio, cuando el gobierno de Gustavo Petro radicó una iniciativa por 575,7 billones de pesos. Desde entonces, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el proyecto contemplaba gastos superiores a las metas fiscales oficiales, mientras que el Banco de la República señaló que había cerca de 30,2 billones pendientes de financiación, relacionados con ingresos inciertos. El cambio de Gobierno alteró el curso del trámite. Una vez Abelardo de la Espriella asumió el cargo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez solicitó retirar la propuesta de la administración anterior. El 11 de agosto, las comisiones económicas conjuntas devolvieron el proyecto al Ejecutivo para que ajustara sus cifras, una decisión que no ocurría desde 2003. La emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4, ocurrida un día antes, sumó nuevas presiones sobre las cuentas públicas.

El 27 de agosto, el Gobierno de De la Espriella presentó un nuevo proyecto por 634,9 billones de pesos, lo que representó 59 billones por encima del monto inicial. El CARF explicó que la diferencia incorporaba gastos que no estaban plenamente reflejados en el texto anterior, entre ellos compromisos de pensiones, salud, nómina pública, subsidios de energía y gas, además del servicio de la deuda. Las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto global el 14 de septiembre y dieron luz verde al proyecto en primer debate. Para el estudio en plenarias, la ponencia trasladó recursos entre sectores: la inversión aumentó 6,49 billones, hasta 94,63 billones, y el funcionamiento subió 1,87 billones, hasta 393,25 billones, respectivamente.

Tras la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes, la sanción presidencial será el siguiente paso para que el presupuesto entre en vigencia el 1 de enero de 2027, mientras el Gobierno deberá presentar las medidas con las que espera respaldar el ajuste fiscal previsto.