La Procuraduría General de la Nación ha solicitado la suspensión de los pagos relacionados con un contrato de obra pública en Arauca por un monto superior a $43.382 millones, en tanto se esclarecen posibles irregularidades en el proceso de selección de la empresa contratista.
El contrato bajo escrutinio
Este contrato fue suscrito entre la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (EMSERPA) y la sociedad MOPEN S.A.S., financiado con recursos provenientes de un convenio con el Ministerio de Vivienda. La investigación se inició tras una queja de la Veeduría para la Transparencia Ciudadana, la cual también informó a las autoridades judiciales, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
Procedimientos y documentos cuestionados
La Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca ha solicitado al alcalde Juan Alfredo Quenza Ramos y al gerente de EMSERPA, Germán Javier Castro Tovar, información y documentos para esclarecer las condiciones en las que se llevó a cabo la contratación. Un aspecto crucial de la revisión es la modalidad empleada para seleccionar al contratista, la cual se realizó mediante una invitación pública bajo un régimen especial, sin emplear los documentos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico.
Aspectos temporales y documentales en revisión
El organismo de control examina los tiempos del procedimiento, ya que entre la publicación de la convocatoria y su cierre transcurrieron solo unos pocos días hábiles. Además, la Procuraduría ha pedido explicaciones sobre los plazos otorgados para presentar observaciones al proyecto de pliego y para responder al informe de evaluación, en los cuales aparentemente se concedió solo un día.
Asimismo, se ha identificado que en los registros no figuran las audiencias de asignación de riesgos ni de adjudicación, por lo que se han requerido los soportes pertinentes y una explicación sobre cómo se desarrolló el proceso.
Análisis preventivo y situación jurídica
El análisis preventivo también abarca los requisitos exigidos a los participantes y la situación jurídica de la empresa adjudicataria. Hasta el momento, la Procuraduría no ha determinado responsabilidades ni concluido sobre la existencia de irregularidades.
La solicitud de suspensión de pagos se realiza mientras continúan las verificaciones. Las autoridades involucradas deben responder a los siete aspectos identificados y proporcionar la documentación que respalde las decisiones adoptadas. El organismo de control seguirá revisando los términos del contrato, los plazos del proceso, los requisitos y la documentación correspondiente.
La Procuraduría busca determinar si las observaciones pueden ser aclaradas con la información presentada o si se requieren otras acciones. Hasta ahora, no se han impuesto sanciones ni iniciado investigaciones disciplinarias formales contra los funcionarios o la empresa implicada. La actuación se mantiene en una fase preventiva, centrada en verificar el cumplimiento de las normas aplicables antes de continuar con los desembolsos.
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