Solicitan absolución de Piedad Zuccardi en caso de nexos con AUC

La exsenadora Piedad Zuccardi ha negado haber realizado acuerdos ilícitos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ha solicitado a la Corte Suprema su absolución en el proceso que enfrenta. La Procuraduría General de la Nación también ha pedido la absolución de Zuccardi, quien pertenece al Partido de la U, en el caso por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a las supuestas conexiones con las AUC. Durante su intervención ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público afirmó que existen dudas sobre su responsabilidad penal.

Cuestionamiento de testimonios

Según la información publicada por Cambio, la procuradora delegada Nancy Carolina Aponte ha cuestionado la solidez de los testimonios que sustentaron la acusación, en especial los del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, cuyas declaraciones han variado con el tiempo. La excongresista fue acusada en 2013 por presuntamente promover grupos armados ilegales. El proceso incluye acusaciones relacionadas con reuniones que habrían tenido lugar en Valencia, Córdoba, en 2000, así como encuentros en Caracas, Venezuela, y en la cárcel de Itagüí.

Inconsistencias en las declaraciones

Durante su intervención, Nancy Carolina Aponte indicó que las versiones de Mancuso sobre los supuestos acuerdos entre Zuccardi y las AUC tuvieron cambios sustanciales. Parte de las afirmaciones del exjefe paramilitar provenían de comentarios que habría escuchado en la cárcel de Itagüí o de información atribuida a Ernesto Báez, exjefe político del Bloque Central Bolívar de las autodefensas.

En la acusación formulada en 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema citó una declaración que Mancuso entregó en 2011, durante el proceso contra el entonces senador Javier Cáceres Leal. En esa versión, Mancuso afirmó que Zuccardi habría sostenido reuniones con integrantes de la cúpula de las AUC y que, en uno de esos encuentros, se habría comprometido con Carlos Castaño a impedir la instalación de una zona de despeje en el sur de Bolívar. No obstante, las declaraciones posteriores de Mancuso no mantuvieron la misma consistencia, y parte de la información correspondía a referencias indirectas. «Las versiones de cargo sufrieron una degradación sustancial al demostrarse que consistían en testimonios de oídas, en declaraciones inducidas y posteriormente retractadas», afirmó Aponte.

Las reuniones en cuestión

Uno de los episodios centrales del proceso es una reunión celebrada en Valencia, Córdoba, en 2000, a la que habría asistido Zuccardi junto con integrantes de una comisión de paz del Congreso y miembros de las AUC. La acusación vinculó el encuentro con la intención de impedir una zona de despeje solicitada en el contexto de las gestiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar. Frente a este señalamiento, Aponte sostuvo que las pruebas permiten cuestionar el supuesto carácter clandestino de la reunión, recordando que el entonces comisionado de paz Víctor G. Ricardo habría señalado que la asistencia a esos encuentros estaba justificada ante el Legislativo y había sido comunicada al Gobierno de Andrés Pastrana.

Resolución del proceso

El expediente también contempla reuniones que habrían ocurrido en 2003 en Barranco de Loba y San Rafael de Lebrija, en el sur de Bolívar. Según la acusación, las AUC habrían brindado apoyo electoral a la campaña de Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar mediante el movimiento político Nueva Fuerza Liberal, dirigido por Zuccardi junto a su entonces esposo, Juan José García. Sobre estos hechos, Aponte citó los testimonios de Henry Vargas, Robert Díaz y Uldarico Toloza, quienes afirmaron que Zuccardi no asistió a esas reuniones ni delegó a otra persona para representarla. La procuradora consideró que los elementos recabados no permiten establecer que la excongresista hubiera participado voluntariamente en un pacto delictivo.

Tras la intervención de la Procuraduría, Zuccardi también solicitó a la Corte Suprema que la absuelva. La exsenadora afirmó que, aunque durante la indagatoria se intentó relacionarla con 21 reuniones, la resolución de acusación se fundamentó en ocho. «En estas reuniones hay ausencia de corroboración y ellas no acreditan un acuerdo delictivo atribuible a Piedad Zuccardi», manifestó.

La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si condena o absuelve a Piedad Zuccardi tras evaluar los argumentos presentados por la Procuraduría y la defensa. El proceso contra Zuccardi lleva más de una década y tuvo una pausa mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo analizaba.