La Superintendencia de Sociedades ha ordenado la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la marca Presto, tras el incumplimiento en su acuerdo de reorganización. La empresa había solicitado iniciar este proceso el 30 de septiembre de 2026, después de un análisis que reveló su incapacidad para continuar operando como negocio viable.
Puntos de venta continúan operando
Los establecimientos de la cadena permanecerán abiertos y en funcionamiento normal hasta nuevo aviso, según explicó la liquidadora Mónica Macías, quien está explorando la posibilidad de vender la empresa para evitar el cierre de sus puntos de venta. «Esta decisión busca preservar la unidad económica productiva, es decir, proteger el valor de la marca, sus puntos de venta y el trabajo de quienes hacen posible cada hamburguesa, porque mantener la operación es también la mejor forma de proteger a los acreedores», comentó.
Intentos previos de reorganización
La compañía ingresó al proceso de reorganización el 13 de julio de 2023, de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, para negociar el pago de sus deudas con acreedores y asegurar su operación. El acuerdo fue confirmado en una audiencia el 30 de abril de 2026, pero no se logró sostener. Los estados financieros reflejaron un deterioro operativo con disminución de ingresos y retrasos en el pago de gastos administrativos.
Proceso de liquidación iniciado
La entidad supervisora determinó que existían condiciones para finalizar el acuerdo y comenzar un nuevo proceso de liquidación, contemplado para casos de incumplimiento de compromisos post-reorganización o inviabilidad de la actividad empresarial. Asimismo, se ordenó el embargo y secuestro de los bienes y derechos de la empresa que pudieran estar sujetos a estas medidas.
Futuro de los empleados y los activos
En abril de 2026, cuando el acuerdo de reorganización aún estaba vigente, la Superintendencia de Sociedades destacó el esfuerzo de la cadena por conservar 694 empleos directos y mantener 180 puntos de venta operativos en Colombia. La continuidad de estos establecimientos dependerá de la aparición de un comprador y la concreción de una negociación dentro del proceso judicial.
La empresa reportó activos valuados en aproximadamente 46.000 millones de pesos que serán evaluados durante el proceso, junto con los restaurantes, la marca y otros bienes susceptibles de venta. Los recursos generados se destinarán al pago de deudas pendientes, aunque no se garantiza que sean suficientes para cubrirlas en su totalidad.
En cuanto a los empleados, tienen prioridad en el pago de acreencias durante una liquidación judicial. Sus salarios pendientes, prestaciones sociales e indemnizaciones se cubren antes que las deudas con el Gobierno, los bancos y proveedores, quienes quedan al final de la lista de prioridades en este proceso.
Personas o empresas a quienes Presto debe dinero deben presentar sus créditos independientemente del monto. Una vez que se publique el aviso de apertura por la Superintendencia de Sociedades, poseerán 20 días para formalizar la reclamación. Quienes realicen la presentación posteriormente quedarán en el último grupo en la lista de pagos.
La liquidadora indicó que los acreedores tendrán la opción de completar un formulario en su sitio web y enviarlo, acompañado de facturas, contratos, comprobantes u otros documentos que respalden la deuda, al correo electrónico configurado para el proceso. No es necesario que la presentación del crédito se realice a través de un abogado.
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