El Parlamento uruguayo comenzó a estudiar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca transformar de forma radical el procedimiento de egreso del sistema carcelario. La propuesta establece que toda persona que cumpla su condena sea trasladada de manera obligatoria y puesta en libertad en la ciudad correspondiente a su último domicilio conocido o, en su defecto, en la localidad donde mantenga inscripta su credencial cívica.
En la actualidad, la inmensa mayoría de los reclusos cruza la puerta del establecimiento penitenciario sin importar de qué departamento provenga, careciendo en muchos casos de recursos económicos mínimos para costear un pasaje de regreso a su hogar o reencontrarse con su núcleo familiar.
Excepciones previstas y el drama de la falta de documentación
La iniciativa legal contempla salvaguardas específicas para casos puntuales. El liberado podrá solicitar por escrito ser trasladado a un destino diferente, al tiempo que la Justicia competente podrá impedir su retorno a la ciudad de origen si existen medidas cautelares, órdenes de restricción de acercamiento o riesgos de seguridad para víctimas o terceros.
Pese a respaldar la intención humanitaria y de reinserción social que persigue el texto, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, planteó serias reservas sobre la viabilidad técnica de su aplicación inmediata. El sistema penitenciario registra un promedio cercano a los 886 egresos mensuales, con la particularidad de que casi tres de cada diez personas liberadas carecen de un domicilio fijo o comprobable.
A su vez, la jerarca calificó como «inviable» la utilización de la credencial cívica como parámetro de localización, argumentando que más del 80% de la población privada de libertad ni siquiera cuenta con su Cédula de Identidad actualizada al momento de abandonar la unidad carcelaria.
Alternativas de financiamiento y aplicación progresiva
Para evitar un gasto logístico y financiero desmedido que implicaría la movilización constante de unidades y efectivos policiales hacia los distintos puntos del país, el INR sugirió sustituir los traslados en patrulleros por un mecanismo ágil de pasajes de ómnibus y vouchers mediante convenios con las intendencias departamentales.
Asimismo, desde la dirección del organismo se sugirió que la eventual norma se implemente de manera gradual, comenzando en una primera fase por las mujeres privadas de libertad oriundas del interior, quienes padecen con mayor crudeza las consecuencias del desarraigo territorial y familiar.
La reinserción social como pilar de la seguridad pública
La discusión parlamentaria vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema de contención posterior al egreso penitenciario en el país. La falta de apoyo en las primeras horas de libertad representa uno de los factores determinantes en las tasas de reincidencia delictiva y en el incremento de personas en situación de calle en las principales plantas urbanas.
Especialistas en criminología coinciden en que la articulación entre el Ministerio del Interior, los gobiernos departamentales y las organizaciones de la sociedad civil resulta imprescindible para garantizar que el retorno a la comunidad no se transforme en una puerta giratoria hacia el delito.
Próximos pasos en la agenda legislativa
El proyecto continuará su trámite en las comisiones de la Cámara de Representantes, donde se recibirán aportes de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el INR y colectivos vinculados al trabajo en cárceles para ajustar la redacción final de la norma.
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