El avance del crimen organizado en Uruguay dejó de ser una advertencia teórica para convertirse en una amenaza directa que salpica al corazón del sistema institucional y judicial. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, se presentó ante la comisión de la Cámara de Diputados que evalúa el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por la administración del presidente Yamandú Orsi, y ofreció un diagnóstico crudo sobre la penetración del narcotráfico y las bandas criminales en la sociedad uruguaya.
Lejos de encorsetar su exposición en frías planillas presupuestales, la titular del Ministerio Público apeló a su vivencia personal para dejar en evidencia la gravedad del cuadro actual. En septiembre de 2025, un comando de delincuentes vestidos de negro atacó su vivienda particular, disparó tres veces contra la fachada y detonó una granada en el patio interno. Ferrero recordó ante los legisladores que casi pierde la vida por representar a la sociedad en el combate a las drogas, una labor en la que acumula más de dos décadas de trayectoria.
Un sistema político expuesto a la extorsión directa
Durante la sesión parlamentaria, Ferrero elevó el tono de sus advertencias y apuntó sin rodeos al cuerpo legislativo. Les pidió extremar las precauciones individuales y colectivas, sosteniendo que las redes de delincuencia organizada no distinguen fueros ni jerarquías cuando buscan condicionar las decisiones del Estado.
En un pasaje directo de su intervención, la fiscal alertó a los representantes sobre la posibilidad de sufrir aprietes individuales. Señaló que en cualquier momento un operador del narcotráfico puede interceptarlos, mostrarles una imagen de sus familiares en un teléfono móvil y condicionar su voto o su firma en proyectos normativos mediante amenazas explícitas a la integridad de sus hijos. La jerarca admitió que ella misma convive con ese temor cotidiano y que omitía revelar ciertos datos operativos para preservar a su entorno familiar.
La investigación del avance del crimen organizado ante la escasez de recursos
El panorama operativo del Ministerio Público muestra fisuras graves causadas por la falta crónica de personal y financiamiento estatal. Mientras las organizaciones criminales diversifican sus actividades hacia el sicariato, la trata de personas, los secuestros, el contrabando multimillonario y el cibercrimen, la Fiscalía debe maniobrar con planteles reducidos y sedes desbordadas.
Ferrero graficó la precariedad de la infraestructura judicial mediante una metáfora contundente al afirmar que el organismo se ve obligado a desvestir a un santo para vestir a otro. Como ejemplo, mencionó la reciente creación de la Unidad Especializada en Cibercrimen, una repartición clave para rastrear el lavado de activos y los delitos informáticos, la cual comenzó a funcionar con apenas un fiscal titular y un adscripto, extraídos de otras sedes ahogadas por el volumen de expedientes.
La vulnerabilidad no solo alcanza a las oficinas capitalinas. Al menos tres o cuatro fiscales que investigan tramas complejas en el interior del país han recibido amenazas directas contra su integridad física. Para mitigar el riesgo, la Fiscalía de Corte ha debido implementar traslados preventivos y esquemas de rotación continua, evitando que los magistrados se instalen de forma definitiva en localidades pequeñas donde son fácilmente localizables por los sicarios.
Víctimas colaterales y la escalada de la violencia barrial
La violencia desbordada golpea con particular ensañamiento a los barrios periféricos de Montevideo, donde los enfrentamientos entre bandas rivales se cobran vidas de ciudadanos ajenos a los conflictos criminales. La fiscal general citó el caso reciente de un hombre de 53 años asesinado en el barrio Los Bulevares mientras realizaba reparaciones en la puerta de su hogar. Una bala perdida, producto de un tiroteo entre grupos antagónicos, le quitó la vida frente a su pareja y su hijo de un año.
Para atender estos cuadros de trauma social, la Unidad de Víctimas de la Fiscalía intenta desplegar contención psicológica y jurídica, pero tropieza de nuevo con la falta de presupuesto. Ferrero reclamó que cada departamento del país cuente con al menos un funcionario dedicado exclusivamente a esta área de asistencia humana.
A su vez, la creación de la Unidad Especializada en Crimen Organizado ha mostrado avances operacionales y una mayor coordinación con las autoridades de la República Argentina, pero la meta de extender esos mecanismos de cooperación judicial a toda Sudamérica exige un volumen de recursos humanos del que la institución hoy carece.
El debate por las herramientas legales y el futuro de la persecución penal
En su alegato ante la comisión parlamentaria, Ferrero reavivó la discusión sobre los mecanismos de investigación al recordar que fue la única fiscal del país en respaldar abiertamente la habilitación de los allanamientos nocturnos, una propuesta de reforma constitucional que fue sometida a plebiscito en las elecciones de 2024 y que no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación.
La fiscal insistió en que el combate a las estructuras complejas no admite vacilaciones ni demoras burocráticas. Argumentó que el sicariato opera con absoluta impunidad mediante el reclutamiento de ejecutores jóvenes que abren fuego al barrer desde motocicletas en movimiento, un fenómeno que se repite en zonas como Cerro Norte y Los Bulevares.
El mensaje que dejó la fiscal de Corte en la Cámara de Diputados exige una definición política urgente. Sin una asignación presupuestal extraordinaria dentro de la Rendición de Cuentas y sin medidas de protección física reales para los operadores de la justicia, la persecución del delito complejo en Uruguay corre el riesgo de quedar reducida a un esfuerzo voluntarista frente a un poder criminal que maneja recursos millonarios y no reconoce ningún tipo de límite.
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