Durante los primeros meses de 2026, los datos del resultado fiscal en Uruguay mostraron una oscilación tan marcada que generó preocupación en los ámbitos financieros y políticos. El déficit del sector público consolidado atravesó un camino sinuoso: pasó de un piso del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado hacia el cierre de 2025, a un pico máximo del 6,1% en marzo de este año, para luego moderarse gradualmente hasta situarse en el 4,9% del PIB en el acumulado a agosto.
Sin embargo, detrás de la alarma inicial que provocó ese incremento del «rojo» fiscal, los economistas aconsejan mirar más allá de la cifra fría. El último reporte Monitor de Coyuntura del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) concluyó que no se trató de un descalabro presupuestal ni de una carrera desenfrenada de erogaciones, sino del impacto de factores calendarios y movimientos contables transitorios.
El impacto de la Semana Santa y la contabilidad del Banco República
Uno de los principales explicativos de estos desfasajes radica en la acumulación de pagos provocada por la distribución de los feriados en el calendario anual. La coincidencia de la Semana Santa con los últimos días hábiles de marzo obligó al Estado a ejecutar vencimientos duplicados en un mismo mes, haciendo trepar transitoriamente la cifra oficial de egresos al 6,1% del PIB.
A este fenómeno de estacionalidad se le sumó la dinámica en la remisión de utilidades desde el Banco República (BROU) hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras que en 2025 la transferencia de fondos ocurrió en agosto, en 2026 la operación se concretó en abril. Esa diferencia de fechas provocó que las planillas del gobierno central acumularan temporalmente un «doble ingreso» entre abril y julio, un factor que distorsionó a la baja la lectura del déficit en esos meses antes de normalizarse en el reporte de agosto.
El «efecto Ancap» y el ajuste real del déficit según los analistas
El otro componente determinante en la radiografía de las finanzas públicas fue la estrategia operativa de Ancap. La compra masiva e importación de petróleo para abastecer las refinerías implicó una notable acumulación de stocks de combustible. En términos contables, esa acumulación insumió caja de la empresa pública por un monto equivalente al 0,22% del Producto Interno Bruto en el acumulado de doce meses a agosto.
Para el Observatorio de la UCU, al evaluar el déficit «normalizado» o estructural, corresponde descontar esas dos décimas del guarismo oficial. Bajo este criterio técnico, la foto real de las cuentas públicas uruguayas a agosto no se ubica en el 4,9% informado por la contabilidad tradicional, sino en un 4,7% del PIB.
La advertencia del Consejo Fiscal frente a la caída de la recaudación
Pese al alivio que supone comprobar que el salto al 6,1% fue un espejismo coyuntural, el frente macroeconómico mantiene focos de atención que exigen prudencia. La recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una caída real del 0,4% en agosto, sumando su segundo mes consecutivo en terreno negativo y evidenciando un enfriamiento en la generación de recursos tributarios respecto a las proyecciones iniciales.
Ante esta coyuntura, el Consejo Fiscal Asesor recomendó al equipo económico monitorear de cerca la evolución del gasto primario para evitar desequilibrios permanentes, sobre todo en un escenario regional e internacional marcado por el riesgo de un menor ritmo de crecimiento de la actividad económica y eventuales demoras en la aplicación de marcos impositivos globales.
Perspectivas para el cierre del ejercicio fiscal
El análisis detallado de la UCU demuestra la importancia de aislar los choques de liquidez temporales para no sobredimensionar el deterioro de las finanzas estatales. No obstante, la volatilidad observada a lo largo del año confirma que el margen de maniobra fiscal de Uruguay continúa siendo acotado.
De cara al cierre del año, la consolidación de la trayectoria fiscal dependerá del comportamiento de los ingresos corrientes de la DGI y de la moderación de los costos energéticos. Mantener a raya el déficit real resultará clave para preservar las calificaciones de riesgo del país, asegurar el acceso a financiamiento en condiciones ventajosas y garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas a largo plazo.
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