El caso judicial y político en torno a Pablo Leiva, exasesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, provocó un inmediato movimiento en los altos mandos del Poder Ejecutivo. El prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, convocó este martes 6 de octubre de 2026 a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos para analizar de forma exhaustiva las fisuras institucionales que permitieron que las maniobras financieras pasaran desapercibidas durante meses.
Leiva fue condenado por la Justicia uruguaya tras comprobarse su participación en esquemas de blanqueo de capitales provenientes directamente del narcotráfico. A raíz de este episodio de pública notoriedad, el directorio del Partido Nacional resolvió el lunes suspender por un plazo de dos años la filiación de Gómez, desvinculándolo de la estructura partidaria mientras se analizan las responsabilidades políticas del caso.
En una posterior rueda de prensa, Jorge Díaz no ocultó la preocupación de la administración central ante la falta de detección temprana de las operaciones irregulares. «Hay un dato real, no funcionaron las alertas que debieron funcionar», reconoció el jerarca, haciendo referencia explícita al circuito de transacciones en efectivo que el condenado utilizaba para canalizar fondos de origen ilícito en el sistema comercial y financiero local.
El manejo de efectivo y las fallas en la estrategia de riesgo
Las declaraciones de Díaz pusieron el foco en las vulnerabilidades de la fiscalización financiera del país, en particular sobre el comportamiento de las redes privadas de pago. Según detalló el prosecretario, las maniobras de Leiva implicaban el depósito y pago de cuentas con montos muy elevados de dinero en efectivo, utilizando sistemáticamente billetes de baja denominación, específicamente de 100 y 200 pesos uruguayos.
En el marco de la normativa preventiva, el uso masivo de papel moneda en billetes chicos constituye una señal típica de sospecha vinculada al narcomenudeo. Sin embargo, la red de cobranzas en la que operaba el condenado no activó los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas ni alertó a las autoridades antilavado a tiempo.
Ante este panorama, la Comisión Coordinadora realizó una revisión exhaustiva de la Evaluación Nacional de Riesgo aprobada en 2023. Díaz explicó que dicho documento estratégico presenta vacíos metodológicos, dado que no incluyó debidamente a los locales de pago como actores con potencial riesgo de vulnerabilidad frente a organizaciones criminales. «Lo que nos llevamos como deberes es trabajar sobre una modificación de la evaluación nacional de riesgo de Uruguay para incluir algunos aspectos que hoy no están incluidos», puntualizó el jerarca.
La falta de investigación conjunta del delito precedente
Más allá de los vacíos en las evaluaciones de riesgo del sector privado, el jerarca gubernamental señaló una falla crítica de coordinación a nivel del sistema judicial y policial. Díaz explicó que la estrategia vigente prevé formalmente la realización de investigaciones conjuntas e integradas entre el delito precedente —en este caso, el tráfico de drogas— y el posterior blanqueo de capitales, algo que en la práctica no ocurrió.
«El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido», lamentó el prosecretario. La falta de un abordaje simultáneo suele obstaculizar el rastreo rápido de activos y permite que las redes de contabilidad paralela sigan operando mientras solo se persigue el eslabón operativo del microtráfico.
Esta deficiencia procesal no es nueva en el debate institucional uruguayo. El propio Ministerio del Interior ha planteado esta objeción de forma reiterada desde el momento en que se constituyó la comisión antilavado, exigiendo que las brigadas de drogas y las unidades de delitos financieros trabajen alineadas desde las primeras etapas de cada indagatoria.
Repercusiones regionales y el estándar de los controles antilavado
La situación registrada en Uruguay se inscribe en un contexto regional de alta complejidad, donde las organizaciones del crimen organizado buscan de forma constante penetrar la economía formal a través de canales no bancarizados. En América Latina, las redes de pago de servicios, el comercio minorista y las transacciones informales suelen ser los vehículos más utilizados por las bandas para eludir los controles de la banca tradicional, que aplica exigencias de cumplimiento mucho más estrictas.
Los organismos internacionales de supervisión financiera instan de forma permanente a las naciones de la región a no limitar el monitoreo al circuito bancario tradicional. Casos como el descubierto en la plaza uruguaya reafirman la urgencia de extender las auditorías de cumplimiento hacia las redes no bancarias, las actividades profesionales no financieras y las estructuras políticas locales que pueden ser instrumentadas para el ocultamiento de patrimonio malhabido.
La vulnerabilidad demostrada en la recepción de fajos de billetes chicos en locales comerciales expone el desafío de las autoridades para evitar que el dinero del narcotráfico se filtre en la economía cotidiana sin dejar trazabilidad.
Próximos pasos e iniciativas de modificación normativa
Frente a este escenario, la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos asumió el compromiso de formular un paquete de modificaciones técnicas para actualizar los manuales de prevención en Uruguay. La intención del Ejecutivo es elevar las obligaciones de control para los agentes de cobro en efectivo e incorporar protocolos obligatorios de notificación ante transacciones atípicas con billetes de baja denominación.
En paralelo, se buscará articular criterios más estrictos entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior para asegurar que cualquier indagatoria ligada al narcotráfico abra de forma automática e inmediata un expediente paralelo de inteligencia financiera sobre los involucrados y sus allegados.
Las medidas buscan cerrar los agujeros del sistema de control y restablecer la efectividad de las alertas preventivas en todo el territorio nacional.
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