El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes una nueva política de restricciones de visas dirigida a ciudadanos extranjeros acusados de socavar gobiernos democráticamente electos mediante actividades de corrupción o narcotráfico en el hemisferio occidental.
La medida también puede aplicarse a familiares directos de los señalados.
Washington dijo que ya aplica las restricciones en apoyo a la iniciativa 'Escudo de las Américas', con acciones que afectan a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Visas revocadas a funcionarios bolivianos por presuntas actividades de socavación
La política de restricciones de visas fue anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el lunes 27 de septiembre de 2026. Las medidas se aplican específicamente a ciudadanos extranjeros acusados de socavar gobiernos democráticos mediante corrupción o narcotráfico en el hemisferio occidental. Se indica que la medida forma parte de la iniciativa 'Escudo de las Américas', cuyo objetivo es fortalecer la estabilidad democrática en América Latina. Las restricciones afectan a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Además, se especifica que la medida también puede extenderse a familiares directos de los individuos señalados, incluyendo esposos, cónyuges, hijos, padres e hijos adoptados. El anuncio fue publicado desde el Edificio del Departamento de Estado en Washington, D.C., y no menciona ninguna excepción o criterio de evaluación para la aplicación de las restricciones.
El portavoz del Departamento de Estado, Thomas "Tommy" Pigott, confirmó que la medida tiene como objetivo reforzar la colaboración entre países de América Latina frente a personas que, según Washington, ponen en riesgo el orden público, el Estado de derecho y las instituciones democráticas. La administración norteamericana anunció que desde ya está poniendo en marcha sanciones de visas para ciudadanos de naciones que forman parte del programa "Escudo de las Américas", entre ellas Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
En el caso boliviano, Estados Unidos revocó las visas a doce personas, que incluyen fiscales, jueces, un exministro de Justicia, un oficial policial y un empresario privado. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos fueron clasificados como inelegibles para obtener visas estadounidenses. Para Colombia, las autoridades norteamericanas declararon restricciones a dos personas: el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralin Epieyu. En Ecuador, el Departamento de Estado informó que se retiraron las visas de dos ciudadanos ecuatorianos, cuyos nombres no fueron revelados al público.
Además, Estados Unidos impuso sanciones de visa a un juez peruano, Juan Carlos Núñez Matos, quien labora en el Primer Tribunal Constitucional de Lima.
Por separado, el Departamento de Estado anunció la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su presunta participación en actos significativos de corrupción. La medida lo declara, junto con sus familiares inmediatos, inelegible para ingresar a Estados Unidos. Pigott señaló que Mariaca aceptó sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
El portavoz del Departamento de Estado dijo que las acciones forman parte del compromiso de la administración estadounidense de defender la gobernanza democrática en la región y combatir la corrupción y el narcotráfico.
No se especifica la fecha del anuncio del Departamento de Estado sobre la designación de Roger Mariaca. No se menciona el tipo exacto de actividades de corrupción que se atribuyen a Mariaca. No se indica si las acusaciones son basadas en investigaciones oficiales o en informes previos. No se detalla el alcance geográfico o el número de casos Relacionados con el narcotráfico o la evasión judicial. No se menciona el nombre del organismo o institución que presentó las acusaciones. No se especifica si las declaraciones fueron respaldadas por evidencia legal o testimonios formales.
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