La larga y dolorosa travesía judicial por los sistemáticos abusos sexuales e innumerables aberraciones cometidas en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza sumó un nuevo y trascendental capítulo. El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de la provincia argentina fijó este jueves una condena de 20 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta para trabajar con menores de edad contra la religiosa japonesa Kumiko Kosaka, declarada responsable de participar en la red de torturas y ultrajes a niños hipoacúsicos que asistían al albergue escolar de Luján de Cuyo.
La fijación de la pena se produjo tras la audiencia de cesura que siguió a un fallo bisagra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En agosto de este año, el máximo tribunal provincial echó por tierra la vergonzosa absolución dictada a favor de la monja en octubre de 2023, ordenando la inmediata intervención de un nuevo panel judicial para fijar la condena de cárcel. A pesar de la severidad del fallo, la religiosa permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme, manteniendo la prohibición absoluta de salir del país y la retención formal de su pasaporte.
Un horror sistemático contra la infancia vulnerada
La causa penal iniciada a fines de 2016 sacó a la luz una de las tramas de pederastia e impunidad eclesiástica más aberrantes registradas en el Cono Sur. Las denuncias radicadas por exalumnos del Instituto Próvolo —un centro educativo albergue destinado a chicos y chicas con discapacidad auditiva de entre 5 y 17 años— describieron una estructura aberrante donde el silencio de las víctimas era garantizado mediante la imposibilidad de comunicarse por fuera de la lengua de señas.
Durante el proceso, la reconstrucción de los hechos por parte del fiscal Alejandro Iturbide y el equipo de querellantes se sostuvo de manera determinante en los testimonios brindados por los supervivientes mediante el sistema de cámara Gesell y con la asistencia ininterrumpida de intérpretes especializados. La Suprema Corte acreditó la responsabilidad directa de la monja Kosaka como partícipe en episodios de malos tratos y vejaciones perpetrados por el cura Horacio Corbacho, además de considerarla autora material de múltiples hechos de abuso sexual simple contra los alumnos que estaban bajo su guardia.
El impacto continental y la responsabilidad eclesiástica
El desenlace del expediente Próvolo trasciende las fronteras de la provincia de Mendoza y sienta un precedente judicial insoslayable para toda América Latina en materia de juzgamiento a integrantes de la Iglesia Católica por crímenes de lesa humanidad en la infancia. La orden religiosa de origen italiano, que ya arrastraba antecedentes oscuros en su sede matriz de Verona, replicó en suelo latinoamericano un modelo de aislamiento y desprotección deliberada sobre una población especialmente vulnerable.
La histórica condena dictada contra Kosaka se suma a las penas ejemplares aplicadas en noviembre de 2019 contra los principales perpetradores del instituto. En aquel proceso, el sacerdote Horacio Corbacho recibió una pena de 45 años de cárcel, mientras que el cura italiano Nicola Corradi fue condenado a 42 años de prisión, falleciendo tras las rejas en 2021. La caída del velo de impunidad sobre los cómplices y encubridores de la estructura eclesiástica refuerza los estándares internacionales de protección de los derechos de los niños y personas con discapacidad en las instituciones educativas.
El reclamo de las víctimas por prisión efectiva
A pesar de que la condena de 20 años supuso un alivio histórico y un acto de reparación ética para las familias de los sobrevivientes, la decisión judicial de mantener a la religiosa en libertad condicional mientras corren los plazos de apelación generó una fuerte indignación entre los querellantes y las organizaciones de derechos humanos que han acompañado el reclamo a lo largo de una década.
Las voces expertas en materia penal señalan que, si bien la presunción de inocencia técnica se mantiene hasta la resolución de los recursos extraordinarios, el riesgo de fuga en condenas de tan alta escala aconseja la adopción de medidas cautelares de mayor rigurosidad. Los abogados de las víctimas preparan nuevas presentaciones para exigir la prisión preventiva efectiva de la monja antes de que la sentencia alcance su firmeza definitiva.
Proyección futura
La sentencia del caso Próvolo marca un punto de inflexión definitivo en la jurisprudencia argentina y de la región respecto a la prescripción y juzgamiento de los delitos contra la integridad sexual cometidos en el seno de instituciones religiosas. El fallo demuestra que la persistencia de las víctimas y sus familias puede derribar muros de encubrimiento institucional que parecían infranqueables.
El seguimiento del cumplimiento de la condena y el destino de las causas conexas contra otros colaboradores del establecimiento mantendrán la atención pública sobre la Justicia de Mendoza. La memoria de lo ocurrido en el Próvolo servirá como alerta permanente para el sistema político y social sobre la obligación del Estado de auditar, proteger y vigilar los centros donde residen niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.
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