La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad de América Latina tras emitir una advertencia formal sobre el avance progresivo de la mafia albanesa en la región. En ese contexto, las autoridades de Uruguay siguen con atención el tema a nivel oficial tras confirmarse el ingreso de ciudadanos de esa nacionalidad al territorio nacional, un movimiento que los mandos policiales y políticos analizan como un factor de riesgo para la seguridad nacional.
Aunque hasta la fecha no se registran actividades delictivas ni operativas confirmadas de este grupo dentro de las fronteras uruguayas, los reportes de inteligencia sugieren que el país es utilizado como punto de escala y tránsito internacional. Las alertas surgieron tras una cumbre de seguridad de alto nivel realizada a comienzos de agosto en Buenos Aires, donde la agencia estadounidense transmitió su preocupación a los mandos policiales de la región sobre los métodos de penetración de esta red en los puertos y pasos fronterizos del Cono Sur.
Orígenes, alianzas internacionales y antecedentes
La mafia albanesa se estructuró a principios de la década de 1990 en el sudeste europeo y consolidó su poder global mediante alianzas estratégicas con la ‘Ndrangheta, la influyente organización criminal calabresa. Esa conexión no resulta ajena a la memoria reciente de Uruguay: fue justamente en Montevideo donde se refugió durante años el capo italiano Rocco Morabito antes de su posterior fuga y extradición, lo que puso en evidencia los vínculos logísticos que estas redes tejen en el Río de la Plata.
A nivel continental, la penetración albanesa ha encontrado un terreno fértil en países estratégicos como Ecuador. La privilegiada posición geográfica ecuatoriana, ubicada entre Colombia y Perú —los dos mayores productores de cocaína del planeta—, sumada a la infraestructura logística del puerto de Guayaquil, convirtió a ese punto en un eje central para el envío masivo de toneladas de estupefacientes ocultas en cargas de exportación de banana con destino al continente europeo.
El impacto en la seguridad regional y el rol de los puertos
El desembarco o tránsito de estas organizaciones en América Latina plantea un escenario de alta vulnerabilidad para los países de la cuenca del Plata. La sofisticación operativa de los grupos balcánicos, caracterizados por el manejo de rutas intercontinentales directas hacia Europa oriental y occidental, presiona sobre los controles aduaneros e infraestructuras de transporte en la región.
El uso de corredores aéreos y fluviales del Cono Sur por parte de redes trasnacionales obliga a revisar las dinámicas de fiscalización fronteriza. La articulación de la inteligencia internacional busca evitar que países con estabilidad institucional sean utilizados como plataformas financieras, de lavado de activos o como zonas de reabastecimiento logístico para el crimen organizado global.
Datos oficiales y la postura del Ministerio del Interior
La preocupación por este fenómeno llegó al ámbito parlamentario uruguayo de la mano del senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien trasladó su inquietud directamente al ministro del Interior, Carlos Negro. Según las cifras oficiales expuestas en el ámbito político, durante el año 2025 se registró el ingreso de 26 ciudadanos albaneses a Uruguay, un dato que motivó el pedido de informes sobre su permanencia y motivos de viaje.
En respuesta a los planteos, el ministro Carlos Negro precisó que, hasta el momento, los controles de inteligencia no asocian a las personas ingresadas con actividades delictivas dentro del país. Se constató que varios de estos ciudadanos, procedentes de conexiones en Perú o Brasil, se alojaron de forma temporal en hoteles cercanos al Aeropuerto Internacional de Carrasco debido a cancelaciones o reprogramaciones de vuelos, para luego continuar su itinerario hacia Europa.
Proyección futura y controles de frontera
A pesar de que la presencia albanesa en Uruguay se limita por ahora a tránsitos aéreos y escalas técnicas, las autoridades mantienen un monitoreo permanente junto a agencias internacionales. La lección dejada por otros antecedentes en la región demuestra que la vigilancia preventiva resulta clave para impedir que el crimen organizado eche raíces.
La coordinación fluida con la DEA y la Policía Federal Argentina continuará siendo un eje prioritario en los próximos meses. Reforzar la inteligencia aeroportuaria y los controles de inmigración será determinante para consolidar la neutralización de cualquier intento de infiltración en el país.
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