La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, criticó nuevamente la orden presidencial de Abelardo de la Espriella para identificar y deportar a extranjeros con situación migratoria irregular en Colombia. En su mensaje publicado el jueves 10 de septiembre, destacó que las personas migrantes conservan sus derechos fundamentales, independientemente de su estatus legal.
Marín aclaró que NO se debe confundir la irregularidad migratoria con un delito. En su publicación en X, señaló: ‘aquí una precisión: hay que garantizar los derechos humanos de todas las personas, también las migrantes, independientemente de la situación jurídica en el país’.
La funcionaria resaltó que luchar contra la criminalidad es un objetivo legítimo y necesario para la administración de De la Espriella. Sin embargo, advirtió que NO puede justificarse la persecución del delito basándose en el origen nacional de las personas.
Ella reafirmó que ‘la irregularidad en la situación migratoria NO es delito’ y que ‘las infracciones administrativas al régimen migratorio deben tramitarse por esa vía, la administrativa (NO la penal)’.
Iris Marín rechaza vincular el delito con el origen nacional de migrantes
Marín recordó que muchos venezolanos llegaron a Colombia por razones de persecución política o necesidades socioeconómicas extremas, y que estas circunstancias pueden dar lugar a derechos de protección internacional.
En su mensaje final, la Defensora del Pueblo insistió en que ‘confundir la situación migratoria con el delito estigmatiza y genera discriminación’, y que ‘perseguir a un grupo de personas por su origen nacional constituye xenofobia’.
El anuncio presidencial prioriza a los extranjeros vinculados con actividades delictivas, seguido por quienes NO han regularizado su permanencia. Aunque NO existen documentos oficiales que respalden la orden, Marín pidió que cualquier acción estatal respete las garantías de los migrantes.
El contexto se da mientras Colombia enfrenta una Migración venezolana sostenida. Acnur prevé que para 2025 podrían vivir hasta tres millones de personas de origen venezolano en el territorio nacional. Marín Ortiz reiteró que ‘lo importante es saber que las personas migrantes tienen derechos. Sobra decir, los derechos humanos son de todas las personas, y las personas migrantes también tienen derechos, independientemente de la situación jurídica que tengan la regularización en el país’.
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