En la noche del viernes, Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expresó su apoyo al levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas en Colombia. La medida, que fue firmada por el jefe de Estado Abelardo de la Espriella el martes 8 de septiembre bajo el Decreto 1368, fue presentada por el congresista como una respuesta directa a la circulación de armamento ilegal y al riesgo que representa para la seguridad ciudadana.
El legislador del Valle del Cauca afirmó que no hay mejor forma de enfrentar a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado, reiterando que el acceso legítimo a armas fortalece la defensa individual. Su postura se enmarca en una visión en la que la discusión sobre el porte de armas debe centrarse en el uso criminal de armas sin autorización, no en la posibilidad de que ciudadanos cumplan con los requisitos legales para portar un arma.
Afirmó que la decisión del Gobierno representa una gran noticia para el país y que el mandatario avanza en una dirección correcta al permitir que quienes se ajusten a las normas legales puedan solicitar autorización para portar armas. 'Estoy muy contento porque el Gobierno de Abelardo de la Espriella va en la dirección correcta. Esto de levantar el permiso del porte de armas es una gran noticia para el país', declaró.
El representante Durguez Espinosa, también del Centro Democrático, coincidió con esta línea. El legislador por Risaralda señaló que la decisión permite recuperar la capacidad de defensa de la población frente a grupos delincuentes y organizaciones que poseen armas ilegales. A su juicio, tras los acuerdos de paz con las disidencias de las Farc, 600.000 armas con salvoconducto salieron de circulación, mientras que más de tres millones permanecen en manos de la delincuencia.
Legisladores del Centro Democrático defienden el acceso legal al porte de armas
Espinosa insistió en que si el Estado no puede proteger a los ciudadanos, debe permitirles hacerlo ellos mismos. 'En buena hora los colombianos nos podemos defender, porque si el Estado no nos puede defender, que nos permita hacerlo', afirmó.
El presidente De la Espriella argumentó al firmar el decreto que el 99,9% de los delitos cometidos con armas involucran armamento ilegal o sin autorización. Esta estadística, Según él, debe guiar la discusión pública sobre seguridad y porte de armas.
La decisión presidencial se fundamentó en datos oficiales de operaciones de la fuerza pública entre enero y septiembre de 2026. En ese periodo, las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a delitos o infracciones al Código Penal.
Además, se registraron 980 armas incautadas relacionadas con disidencias de las Farc, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
En la noche del viernes, Jaime Arizabaleta afirmó que los 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros decomisados refuerzan su postura sobre el porte de armas en Colombia. El congresista destacó que las estructuras criminales no se alimentan de armas registradas, sino de redes ilegales que operan al margen de la legalidad. Según él, es fundamental distinguir entre los permisos otorgados por autoridades y el mercado negro. La cifra del material decomisado, dijo, respalda que la delincuencia se nutre de circuitos clandestinos que requieren una respuesta de seguridad distinta.
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