Una red de engaños, falsificación de documentos públicos y presiones físicas irrumpió en la tranquilidad rural de Barros Blancos, en el departamento de Canelones. La maniobra afectó directamente a la propiedad de la familia de Ramón «Moncho» Sabella, reconocido sobreviviente de la tragedia de los Andes, cuyo predio de dos hectáreas fue blanco de una ocupación mediante engaños procesales organizados por Juan Carlos Cosella, padre de un delincuente prófugo por el asalto a la sucursal del Banco República en Pando.
Según Montevideo Portal. La historia comenzó más de tres décadas atrás, cuando Julio Rodríguez ingresó a trabajar como encargado del terreno agrícola de la familia Sabella. Al cesar la producción comercial, los propietarios otorgaron a Rodríguez y a su esposa la autorización para residir gratuitamente en el lugar de forma vitalicia como reconocimiento por los años trabajados. En el lugar, la pareja de octogenarios se dedicaba a la cría de ganado lechero para su sustento.
El conflicto comenzó en 2022, cuando intermediarios abordaron al anciano exhibiéndole en un teléfono celular fotografías de un supuesto expediente judicial de desalojo tramitado en su contra. La maniobra, respaldada por la amenaza de una expulsión inminente, quebrantó la voluntad de los cuidadores, quienes fueron inducidos a firmar una cesión de derechos posesorios para evitar quedar en la calle.
La revocación del Tribunal de Apelaciones
Tras la intervención de la familia de los afectados y el contacto directo con Ramón Sabella —quien desmintió categóricamente haber promovido un juicio de desalojo contra sus caseros—, el caso llegó a los estrados judiciales. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad relativa del contrato de cesión celebrado en marzo de 2022.
El tribunal concluyó que el consentimiento de la pareja estuvo viciado por «mentiras, estratagemas y maquinaciones insidiosas», constatando además episodios de violencia moral y física. Entre los hechos probados figuran la rotura de cercados, agresiones al ganado y un incidente en el que Rodríguez resultó con el brazo quebrado tras ser embestido por una motocicleta. La sentencia confirmó que el predio permanece bajo un comodato gratuito concedido por la familia Sabella.
Un expediente inventado y el rol del padre del asaltante
La investigación judicial expuso una trama de irregularidades procesales. El supuesto apoderado que inició el juicio de desalojo figuraba como un ciudadano chileno que jamás ingresó a Uruguay. El poder correspondiente había sido otorgado por un escribano previamente condenado por falsificación de documentos en Maldonado.
Actualmente, el comprador del terreno, Juan Carlos Cosella —padre del asaltante del BROU de Pando, Alexander Cosella—, instaló un desarmadero en los accesos de la vivienda. El depósito de restos vehiculares bloquea los drenajes de la finca e impide el paso de ambulancias y patrulleros para asistir a los ancianos, en una causa que mantiene expedientes penales pendientes de reexamen en la Fiscalía.
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